El gobierno nacional oficializó un nuevo marco regulatorio para los productos de nicotina, que incluye vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina. La medida se formalizó a través de la Resolución 549/2026 publicada en el Boletín Oficial y marca un cambio de enfoque: se abandona el esquema prohibitivo vigente hasta ahora para dar paso a un sistema de control integral del mercado. La normativa establece la obligatoriedad de registrar a fabricantes y comerciantes, junto con exigencias de trazabilidad, estándares de calidad y requisitos de información detallada sobre cada producto. De esta manera, el Estado busca ordenar un circuito que ya existía, pero que operaba sin controles claros.
Hasta 2023, la regulación era más restrictiva. La Resolución Conjunta 565/2023 del Ministerio de Salud y la Anmat había ratificado la prohibición de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, incluyendo también a los dispositivos de tabaco calentado, cuya comercialización e importación no estaban autorizadas por carecer de aval sanitario.
Entre los puntos más relevantes del nuevo esquema se destaca la eliminación total de los saborizantes en vapeadores, una medida orientada a desalentar el consumo en adolescentes, donde su uso viene en aumento. Además, se fijarán límites estrictos en la concentración de nicotina y se prohibirán sustancias no permitidas. El Gobierno también contará con herramientas para fiscalizar, monitorear y sancionar a quienes incumplan la normativa, algo que hasta ahora no existía en la práctica.
Este cambio regulatorio se apoya, en parte, en advertencias médicas que vienen acumulándose en los últimos años. Meses atrás, el cardiólogo Esteban San Dámaso alertó que el vapeo está lejos de ser inofensivo. Según explicó, ya se registran daños pulmonares y cardiovasculares en personas jóvenes que utilizan estos dispositivos desde hace relativamente poco tiempo.
El especialista recordó que el cigarrillo electrónico fue concebido como una herramienta para dejar de fumar, pero advirtió que, tras dos décadas de uso, empiezan a evidenciarse sus efectos nocivos. Si bien podría resultar menos perjudicial que el cigarrillo tradicional en algunos casos, remarcó que no es inocuo.
También señaló que uno de los principales problemas es su atractivo para adolescentes: la variedad de sabores y la percepción de menor riesgo facilitan la iniciación, mientras que la presencia de compuestos adictivos dificulta el abandono. A esto se suman reportes crecientes sobre impactos negativos en la salud cardíaca y respiratoria.
En octubre del año pasado, la Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto que amplía la legislación antitabaco vigente e incorpora por primera vez el vapeo y los cigarrillos electrónicos dentro de las políticas públicas de salud.
La iniciativa, impulsada por la diputada Sonia Martorano, propone modificar la Ley Nº 12.432 —vigente desde 2005— para adaptarla a las nuevas formas de consumo. El proyecto incluye acciones de prevención y control, con especial atención en adolescentes y en la regulación del uso en espacios cerrados.
De este modo, tanto a nivel nacional como provincial, comienza a configurarse un nuevo escenario regulatorio frente a productos cuyo consumo crece, especialmente entre jóvenes, y que generan cada vez más preocupación en el ámbito sanitario.