Representantes de redes de salas de distintas provincias y organizaciones del sector teatral denunciaron que, durante 2025, el Instituto Nacional del Teatro (INT) no recibió más de $5.000 millones que, según afirmaron, deberían haber sido transferidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Por esa razón es que le están reclamando la restitución de esos fondos al gobierno de Javier Milei, que aplicó fuertes recortes sobre las políticas culturales.
La Ley 24.800 establece que el 10% de lo recaudado por el Enacom en concepto de tasas y gravámenes a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual debe ser destinado al INT.
El sector teatral sostiene que el problema viene de antes. Los cambios tecnológicos y la transformación del mercado audiovisual redujeron en los últimos años el peso relativo de esa fuente de financiamiento. Por eso, las organizaciones habían reclamado ampliar la recaudación destinada al INT incorporando a plataformas y aplicaciones.
Según denuncian ahora, la administración de Milei no sólo no avanzó en esa ampliación sino que, además, incumplió con la transferencia de recursos que ya está contemplada por la legislación vigente.
“¿Dónde está todo ese dinero? ¿Para qué se usó? ¿Quién decidió ilegalmente el destino de esos fondos?”, cuestionan los firmantes, que reclaman explicaciones sobre los recursos que, según sostienen, correspondían al Instituto.
La consecuencia, advierten, es una fuerte reducción de la capacidad del organismo para sostener la actividad teatral en todo el país. Uno de los principales cuestionamientos está dirigido a la eliminación de la histórica Línea de Funcionamiento de Sala, una herramienta destinada a acompañar económicamente a espacios teatrales. Para las organizaciones, la decisión pone en riesgo tanto a salas de larga trayectoria como a proyectos emergentes que dependen de esos aportes para continuar abiertos.
La declaración también cuestiona los montos disponibles para las líneas de subsidios que permanecen vigentes. Según el sector, los topes quedaron completamente desactualizados frente al aumento de los costos de producción y mantenimiento, mientras que los requisitos de presentación se volvieron más restrictivos y los plazos de ejecución resultan inciertos y excesivamente prolongados.
El resultado, según denuncian, es una “cuasi paralización” del INT y una reducción de sus políticas de fomento a una presencia “cosmética o simbólica”. El reclamo incluye además una dimensión institucional. Las organizaciones cuestionan al Gobierno por la falta de convocatoria a concursos públicos para cubrir los cargos de representantes provinciales del Instituto, un mecanismo previsto por la Ley Nacional del Teatro. La demora, sostienen, debilita la representación federal y afecta el funcionamiento administrativo y democrático del organismo.
El INT está actualmente conducido por Federico Brunetti, quien fue designado hace aproximadamente un año por Leonardo Cifelli, entonces secretario de Cultura de la Nación. Las organizaciones responsabilizan a la Dirección Ejecutiva del organismo por la falta de avances y cuestionan la ausencia de explicaciones claras sobre las demoras en la convocatoria a los concursos.
Para las organizaciones firmantes, la reducción de los recursos del INT no significa solamente menos subsidios: pone en riesgo la continuidad de salas, compañías y producciones que, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, difícilmente puedan sostenerse exclusivamente con los ingresos de la actividad.
Por eso, el documento concluyó enfatizando el reclamo del sector: “¡Denunciamos el vaciamiento y la paralización del INT! ¡Devuelvan los fondos al INT! ¡La cultura es un derecho!”.