Los médicos de cabecera de Pami, agrupados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (Appamia), iniciaron este lunes un paro de 72 horas en todo el país. La medida, que tuvo su correlato en Rosario con una protesta presencial en la sede de San Lorenzo al 900, busca rechazar una reciente resolución de la obra social que, según denuncian, recorta abruptamente sus salarios. En diálogo con El Tres, los médicos Marcel Blanco, de Appamia; y Guillermina Casella, de Pami, alertaron sobre el riesgo que corre el vínculo de atención ante honorarios de 2.100 pesos por consulta y pidieron acompañamiento a las autoridades locales para que se revise la disposición impuesta a nivel central.
Según advirtió Marcel con la nueva normativa, los ingresos promedio quedarían entre 600 mil y 700 mil pesos para cada uno, un monto que dificulta sostener las estructuras de trabajo elementales. “Alquilar un consultorio por ocho horas en la ciudad de Rosario no tiene un costo de menos de 400, 500 mil pesos por mes”, ejemplificó el referente, y agregó: “Esto implica una amenaza seria a la calidad y a la propia subsistencia de la atención”.
Por su parte, Casella remarcó que la medida que motivó el paro fue tomada sin ningún tipo de consenso previo. Explicó que se trató de una resolución unilateral emitida el pasado 9 de abril, la cual fue notificada mediante el Boletín Oficial y por vía electrónica a cada profesional. Hasta hace unos 20 días, relató, cobraban 6 mil pesos por una consulta médica presencial a los dos meses, pero con la nueva disposición, alertó, el panorama se vuelve ya insostenible. Al quitarse el pago individual y no existir un tope de atenciones, si un afiliado asiste ocho veces en un mismo mes, la remuneración por prestación termina licuándose a cifras ínfimas.
Blanco profundizó sobre el impacto económico general y subrayó que, en el mercado actual, ninguna otra obra social abona valores tan bajos, ya que el piso de las consultas suele rondar entre los 12 mil y 18 mil pesos. “En definitiva lo que lleva es una reducción del pago a los médicos del 50 por ciento”, resumió Blanco.
Más allá del reclamo netamente salarial, los manifestantes hicieron un fuerte hincapié en el daño que esta política genera en la histórica relación de cercanía con los adultos mayores. Casella destacó que para los aproximadamente 300 médicos de cabecera que trabajan en la ciudad de Rosario, los pacientes “pasan a ser familia”, debido a los años de vínculo, de compartir y de mantener una comunicación constante. Por ello, lamentaron tener que suspender la atención y le pidieron paciencia a los afiliados.
Finalmente, los profesionales aclararon que su intención primordial es seguir trabajando, pero exigieron que los coordinadores médicos y el director de la Unidad de Gestión Local (UGL) escuchen la protesta y eleven el petitorio a Buenos Aires para retrotraer las condiciones. “Acá hay dos damnificados, el médico en su fuente laboral y el paciente como tal”, concluyó Blanco, apelando a que las autoridades fijen reglas claras para destrabar el conflicto.