La comunidad universitaria de Rosario atraviesa una de las semanas más críticas en lo que va del año. En el marco de un paro nacional que se extenderá hasta el sábado 4 de abril, los gremios locales han convocado a un "ruidazo" en defensa de la educación pública este miércoles.
La actividad central tendrá lugar a las 12 en las puertas de la Escuela Superior de Comercio (Balcarce 1240), dependiente de la UNR, en una movida organizada de forma conjunta con la asamblea del Instituto Politécnico.
El reclamo no se limita a una actualización salarial, sino que exige el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso y ratificada por la Justicia, pero que según denuncian desde el gremio docente Coad, el Gobierno nacional ignora desde hace más de 150 días.
Un escenario de desfinanciamiento y mora judicial
Desde la conducción gremial advierten que la falta de implementación de la normativa vigente se traduce en un "robo" del aumento adeudado al personal docente, el cual debería alcanzar hoy el 55%.
La situación afecta la estructura misma de la universidad con el congelamiento de partidas para gastos básicos como luz, gas y agua; la reducción drástica en la cantidad y monto de las becas; y el desmantelamiento de políticas de ciencia y extensión.
A la huelga docente se sumó este martes el personal no docente nucleado en Apur con alto acatamiento en las dependencias de la UNR. El calendario de protestas ya vislumbra nuevos paros para fines de abril y la organización de una Marcha Federal Educativa para el próximo mes.
Carta abierta al estudiantado
En una carta abierta dirigida a los alumnos para explicar el inicio del plan de lucha, el cuerpo docente señaló que el comienzo del año lectivo se ve afectado por la decisión de realizar un paro total de actividades en todo el país.
Según manifestaron, se ven "obligados" a recurrir a esta herramienta para hacer valer su trabajo, aunque aclararon que su prioridad es el encuentro en las aulas.
El documento detalla que el eje de la disputa es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los docentes recordaron que esta norma, aprobada el año pasado, establecía una actualización presupuestaria para cubrir gastos básicos de funcionamiento —como luz, gas e infraestructura— y una recomposición salarial del 54% para los trabajadores del sector.
El texto denuncia que el Gobierno nacional no ha implementado la ley, ignorando tanto la voluntad del Poder Legislativo como las resoluciones judiciales que intiman a su cumplimiento.
Asimismo, la carta advierte sobre un intento oficial de modificar la normativa vigente. De acuerdo con el gremio, el proyecto del Ejecutivo representa un "fuerte retroceso", ya que eliminaría la actualización automática por inflación y propondría un aumento salarial de apenas el 12,3%, cifra que consolidaría la pérdida del poder adquisitivo.
Finalmente, los profesores remarcaron que la universidad pública no es solo un espacio de formación, sino un motor estratégico para el desarrollo científico, técnico y social del país. El texto concluye con un llamado a la unidad, afirmando que defender la institución es, en última instancia, preservar la capacidad de la sociedad para generar soluciones a sus propios problemas en materia de salud, ambiente y producción.