El Senado de la Nación retoma el debate legislativo con uno de los temas prioritarios para el Gobierno: la nueva ley de Discapacidad.
La propuesta, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratada este miércoles a partir de las 16, durante una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano.
El encuentro estará encabezado por los senadores Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza, y Alicia Kirchner, del peronismo. El objetivo del oficialismo es conseguir el dictamen que permita habilitar el tratamiento en el recinto y avanzar hacia la sanción definitiva de la norma entre el 19 y el 26 de noviembre.
La estrategia parlamentaria estará coordinada por Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien buscará sostener los acuerdos alcanzados con los sectores aliados. Para la Casa Rosada, la aprobación del proyecto resulta clave para dar respuesta a los reclamos de distintos espacios políticos y garantizar la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad.
Qué establece la nueva ley de Discapacidad
La iniciativa tomó impulso luego de las fuertes diferencias que generaron algunos artículos del proyecto de Presupuesto 2027, promovidos por el Ministerio de Economía. Entre los puntos cuestionados se encontraban cambios en el régimen de prestaciones y pensiones, como la posible eliminación del nomenclador único, del mecanismo de actualización de aranceles y modificaciones en las condiciones para compatibilizar las pensiones con el trabajo registrado.
Frente al rechazo de distintos sectores, el oficialismo negoció una propuesta alternativa con sus aliados parlamentarios. El nuevo texto mantiene los principales beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero introduce una modificación central: elimina el carácter transitorio de esas disposiciones y las convierte en derechos de aplicación permanente.
Bajo el nombre de ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, el proyecto contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, cuyo monto será equivalente al 70% de la jubilación mínima.
Además, establece que los beneficiarios podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse como monotributistas sin perder la pensión, siempre que sus ingresos laborales no superen el equivalente a dos salarios mínimos. Otro de los aspectos centrales es la continuidad del nomenclador único de prestaciones, junto con la actualización periódica de los aranceles según la movilidad jubilatoria. También se garantiza la cobertura médica a través del programa federal Incluir Salud.
Financiamiento, controles y deudas con prestadores
En cuanto al financiamiento del sistema, la propuesta establece que las partidas destinadas por el Ministerio de Salud no podrán ubicarse por debajo, en términos reales, de los recursos asignados durante el ejercicio anterior.
El proyecto también incorpora mecanismos de fiscalización mediante auditorías periódicas y cruces de información entre distintos organismos del Estado. Entre ellos figuran la Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Por otra parte, se incluye un cronograma para regularizar las compensaciones que el Estado adeuda a los prestadores del sistema de discapacidad. La iniciativa fija, además, un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo avance con la reglamentación de la ley una vez sancionada.
Durante las negociaciones en Diputados también tuvieron participación las legisladoras oficialistas Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici, quienes acompañaron las gestiones para alcanzar el consenso que permitió aprobar el proyecto.
El Gobierno busca cerrar el debate antes de diciembre
Con la media sanción de Diputados y el tratamiento previsto en el Senado, el oficialismo intentará completar el recorrido parlamentario antes de que termine noviembre y evitar que la discusión se extienda hasta el cierre del período de sesiones ordinarias.
En paralelo, el Gobierno deberá avanzar con las negociaciones por el Presupuesto 2027, otra de las iniciativas centrales de su agenda legislativa y cuyo futuro también dependerá del respaldo de los bloques dialoguistas de la oposición.