El ataque de tres pitbulls que mataron a un caniche de dos años en pleno centro de Rosario volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad de los propietarios de perros potencialmente peligrosos y las herramientas que tiene el municipio para prevenir este tipo de episodios.
El hecho ocurrió en Mitre al 1500, cuando los animales habrían salido de una vivienda sin correa ni bozal y atacaron a la mascota que paseaba junto a su dueña. Tras el episodio, vecinos de la zona aseguraron que ya habían realizado al menos seis reclamos contra los responsables de los perros y denunciaron otros ataques anteriores.
En Rosario existe una normativa específica que regula la tenencia y circulación de determinadas razas. La Ordenanza 7445, sancionada en 2002 y modificada en distintas oportunidades, establece obligaciones para sus propietarios y contempla medidas de prevención tanto dentro de las viviendas como en los espacios públicos.
Correa corta y bozal: qué dice la normativa
La Ordenanza 7445 establece que los perros deben circular en espacios públicos acompañados por sus dueños o responsables, sujetos con collar y correa y con la vacunación correspondiente.
Además, dispone que es obligatorio el uso de correa corta para determinadas razas: Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu, Akita Inu y sus mestizos.
En cuanto al bozal, la norma recomienda el uso de uno homologado que no produzca sufrimiento al animal. Sin embargo, establece que su utilización es obligatoria cuando existen antecedentes de ataques a otros animales o personas.
La normativa también establece obligaciones específicas para los propietarios de los perros incluidos en esa categoría.
La Ordenanza 8468/2009 incorporó la identificación mediante microchip y la inscripción de los canes en el Registro Único de Mascotas (RUM), que funciona en el ámbito del Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa).
Además, exige que los responsables presenten una declaración jurada con información sobre el adiestramiento recibido por el animal, las constancias veterinarias sobre su conducta y los antecedentes de ataques a otros perros, familiares o terceros.
El propietario también debe contar con una tarjeta identificatoria con sus datos, los del perro y el código del microchip, que debe llevar cuando el animal circula por la vía pública.
Otro punto central está relacionado con la seguridad de las viviendas. La ordenanza obliga a los propietarios y tenedores a adoptar medidas para evitar que los perros escapen al exterior, mediante cerramientos perimetrales seguros que impidan tanto las fugas como la posibilidad de mordeduras. También exige medidas de prevención para los integrantes del grupo familiar.
Qué debe hacer el municipio ante las denuncias
La misma normativa establece un mecanismo de seguimiento de incidentes. El Imusa debe intervenir ante las denuncias de particulares y los casos de lesiones provocadas por perros. Los centros de salud públicos y privados deben comunicar esos episodios al organismo municipal para que pueda citar a los propietarios y adoptar las medidas que correspondan. En caso de denuncias policiales, la autoridad debe remitir los partes respectivos.
Por otra parte, la Ordenanza 9535/2016 incorporó la obligación de que el Imusa dicte, al menos una vez por año en cada Centro Municipal de Distrito, cursos de capacitación y sensibilización sobre manejo de perros para los dueños de los animales comprendidos en la normativa.
Las multas previstas por el Código de Convivencia
El Código de Convivencia Ciudadana de Rosario, aprobado mediante la Ordenanza 10.267/2021, establece las sanciones económicas para las infracciones vinculadas con la protección animal.
El artículo 321 prevé multas de entre 25 y 375 unidades fijas (UF) para quienes incumplan las disposiciones de protección animal de la Ordenanza 7445. Para graduar la sanción, el juzgado debe considerar, entre otros aspectos, el daño ocasionado, la trascendencia social, el perjuicio provocado y la reiteración de las infracciones.
El artículo 319, por su parte, establece multas de entre 100 y 300 UF por el abandono de animales o su tenencia sin supervisión ni control en espacios públicos o lugares privados de acceso público, en contravención con las condiciones establecidas por la normativa vigente.
Además, el artículo 317 contempla multas de entre 100 y 300 UF por la tenencia de animales sin cumplir los recaudos de cuidado y seguridad previstos en las normas municipales.