La detección del buque Bao Feng, de bandera de Vanuatu, pescando de manera ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) volvió a poner el foco en las sanciones económicas y el procedimiento que se activa frente a este tipo de infracciones, una de las principales herramientas del Estado para combatir la pesca ilegal en el Mar Argentino.
Según explicó Fernando Dos Santos, director de Policía de Seguridad de la Navegación y de Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina (PNA), el buque fue identificado el sábado por la tarde mientras realizaba maniobras compatibles con pesca de arrastre durante aproximadamente una hora y 29 minutos dentro de las 200 millas náuticas.
La infracción fue detectada a través de una plataforma electrónica de última generación, provista por el ministerio de Seguridad y operada por personal especializado de Prefectura. El sistema integra información satelital y de posicionamiento automático, lo que permite monitorear en tiempo real tanto a los buques “colaborativos” -que mantienen encendidos sus equipos- como a los no colaborativos, que suelen apagar sus sistemas para evitar ser detectados.
“Hoy hay alrededor de 370 buques colaborativos operando legalmente en la zona adyacente, mientras que los no colaborativos forman parte de lo que se conoce como pesca ilegal, no declarada ni reglamentada”, detalló Dos Santos en diálogo con A24.
Cómo se prueba la pesca ilegal
De acuerdo a la Ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca), navegar dentro de la ZEEA a una velocidad inferior a los 4 nudos sin autorización constituye una presunción de pesca. En este caso, esa velocidad fue clave para determinar que el Bao Feng estaba realizando tareas extractivas, principalmente vinculadas a la pesca de calamar y a sistemas de arrastre de fondo.
Una vez comprobada la maniobra, la Prefectura comunicó la infracción a la subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, que es la autoridad encargada de instruir el sumario administrativo.
Multas millonarias y sanción vía Estado de bandera
Dos Santos explicó que, dado que estos buques no pueden ingresar a puertos argentinos para descargar, la sanción se materializa a través de multas económicas. “Se investiga el caso, se determina que el buque pescó ilegalmente, se constituye el pago de una multa y se comunica a las autoridades del Estado de bandera”, señaló.
Es ese Estado el que luego intima al buque a pagar la sanción. Como referencia, el funcionario recordó que en un caso testigo de 2025, la multa aplicada rondó los 708 millones de pesos, una cifra que puede variar según el tipo de infracción, el tiempo de pesca ilegal y los antecedentes.
Persecución y disuasión
La Prefectura también cuenta con facultades para realizar persecuciones en caliente, amparadas por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esto permite seguir a un buque más allá de las aguas jurisdiccionales una vez detectada la infracción, aunque en muchos casos la persecución se interrumpe si la nave no se detiene.
En situaciones extremas, incluso se puede recurrir a fuego disuasivo para obligar a frenar a un buque que intenta escapar, aunque no siempre se logra su detención.
“La clave hoy es la tecnología”, remarcó Dos Santos, al destacar el aporte de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y los convenios internacionales que permiten acceder a imágenes satelitales, incluso de buques que intentan operar en la oscuridad del sistema.
Mientras tanto, la pesca ilegal sigue siendo una de las principales amenazas sobre los recursos del mar Argentino, sobre todo en los primeros seis meses del año.