La circulación de cuatriciclos, motos, UTV y vehículos 4x4 podría ser habilitada nuevamente en La Frontera de Pinamar, aunque el regreso dependerá de la puesta en marcha de un nuevo sistema de seguridad, registro y control.
La Municipalidad presentó ante la Justicia una propuesta para levantar la prohibición que rige desde febrero y alcanzó un acuerdo de conciliación con el abogado Pablo Martínez Carignano, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
La restricción había sido dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores, luego de un amparo presentado por Martínez Carignano a raíz del accidente en el que resultó gravemente herido Bastián Jerez, de 8 años.
La medida cautelar prohíbe toda actividad motorizada en los médanos hasta que el Municipio garantice las condiciones necesarias de seguridad y control.
El acuerdo alcanzado y posteriormente avalado mediante un decreto municipal no significa una reapertura inmediata de La Frontera. Antes de permitir nuevamente el ingreso de vehículos, la Municipalidad deberá implementar la infraestructura y los mecanismos de control previstos, acreditar ante la Justicia que funcionan correctamente y realizar una etapa de prueba antes de la temporada de verano.
Cómo será el nuevo sistema para ingresar
Uno de los principales cambios será la creación de un registro obligatorio de conductores, acompañantes y vehículos, que se realizará a través de una plataforma web municipal.
Para inscribirse será necesario presentar la documentación correspondiente y contar con el seguro vigente.
Una vez registrado, cada vehículo tendrá un identificador único. En los accesos se instalarán lectores electrónicos de patentes y códigos QR que permitirán dejar constancia del ingreso y egreso.
El sistema almacenará información sobre la fecha y hora de cada movimiento, el vehículo, el conductor y el acceso utilizado.
El nuevo esquema también establece restricciones para los menores de edad: las personas menores de 18 años no podrán conducir ni viajar como acompañantes en cuatriciclos, UTV y motos.
Además, se aplicará tolerancia cero al consumo de alcohol y drogas y quedarán prohibidas las picadas, las maniobras peligrosas y la circulación sin casco.
La circulación tampoco será libre por toda la zona. Los vehículos deberán utilizar corredores habilitados y circular en los sentidos establecidos, mientras que habrá sectores destinados prioritariamente a peatones y otros en los que estará directamente prohibido el tránsito vehicular.
El operativo de seguridad se completará con puestos de vigilancia, patrullaje permanente, coordinación con las fuerzas de seguridad y capacidad de respuesta sanitaria.
Un sistema de sanciones para conductores y vehículos
El acuerdo contempla, además, la creación de un historial de infracciones asociado tanto al conductor como al vehículo. Las faltas consideradas graves podrán derivar en la exclusión del sistema y en la prohibición de volver a ingresar a La Frontera.
El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, remarcó que el eventual levantamiento de la prohibición no implicará volver a las condiciones que existían antes de la medida judicial. “Este acuerdo no significa que todo vale”, sostuvo el jefe comunal, quien explicó que el objetivo es reforzar los controles, ordenar los accesos y la circulación e identificar a cada vehículo que ingrese al sector.
El grave siniestro vial que provocó la prohibición
La medida judicial se originó a partir de un grave hecho ocurrido en enero en La Frontera. En ese episodio, un UTV chocó de frente contra una Volkswagen Amarok. Como consecuencia del impacto, Bastián Jerez, de 8 años, sufrió heridas de gravedad y permaneció internado durante meses. Otras dos menores también resultaron heridas.
El caso volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad existentes en el sector de médanos y derivó en la presentación judicial que posteriormente terminó con la prohibición de las actividades motorizadas.
Ahora, la eventual vuelta de los vehículos a La Frontera quedará condicionada al cumplimiento de todas las medidas acordadas y a la evaluación de la Justicia sobre el funcionamiento efectivo del nuevo esquema de seguridad.