El juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros, ordenó este viernes el procesamiento con prisión preventiva al juez Gastón Salmain –que, en rigor, no se efectivizará en virtud de la inmunidad de arresto que tiene por su cargo–y el procesamiento con prohibición de salir del país del financista Fernando Whpei y del operador judicial Santiago Busaniche por la maniobra orquestada en diciembre de 2023 de habilitar vía cautelar que el Banco Central le venda 10 millones de dólares a precio oficial a un fideicomiso cuando regía el cepo. Por esa maniobra, que le habilitó a Whpei el negocio millonario de luego cambiar los dólares en el mercado paralelo, el juez también trabó embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por la suma de 200 mil dólares.
Las investigaciones fueron encabezadas por el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales federales Federico Reynares Solari y Matías Scilabra; el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fiscal general Diego Velasco, y el fiscal Juan Argibay Molina, de la Procelac Rosario; y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el fiscal nacional Sergio Rodríguez, y el auxiliar fiscal de esa misma oficina, Esteban Venditti.
De acuerdo a la investigación, los tres “formaron pare de una instancia asociativa destinada a cometer delitos entre los meses de septiembre de 2023 y hasta abril de 2024, cuando pergeñaron la salida a cuentas del exterior de 10 millones de dólares, mediante la manipulación contraria a derecho de un expediente radicado en el Juzgado Federal N°1", a cargo de Salmain.
Según la Fiscalía, “en ese contexto y para lograr el objetivo premeditado, Whpei utilizó su influencia y poder económico para que Salmain, en conjunto con Busaniche, direccionen un proceso judicial para que resulte beneficiado en aspectos financieros relacionados con Attila Fideicomisos SRL, el Grupo Unión SA y Lancers SA”.
La compleja maniobra se dio en el marco del expediente que se tramitó ante el juzgado a cargo de Salmain, y fue realizada a través de la presentación de una demanda declarativa de inconstitucionalidad, donde Attila Fideicomisos SRL, atacó las resoluciones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que restringían el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para el pago de deudas en dólares estadounidenses, contraídas con anterioridad al 1° de septiembre de 2019.
Asimismo, Attila Fideicomiso SRL solicitó como medida cautelar urgente que se le autorice a acceder al MULC y utilizar los fondos depositados en pesos en la cuenta que el Fideicomiso Doubleblue poseía en la aplicación financiera REBA, y los que se depositen en el futuro, para adquirir dólares estadounidenses hasta completar 10 millones de dólares, y transferir esos importes a la cuenta de uno de sus acreedores: “DB ACF Netherlandsl BV”.
A cambio, Busaniche, por su aporte operativo, y Salmain, por su colaboración como magistrado a cargo de la causa, solicitaron el pago del 10 por ciento de la diferencia del tipo de cambio al momento de la operación entre el dólar oficial y el dólar blue, suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.
De acuerdo a los elementos que expusieron los fiscales, para cumplir con la componenda, Salmain se reunió previamente con Whpei, al menos una vez en su despacho laboral, el 2 de octubre de 2023. En esa oportunidad, el financista le hizo entrega del escrito de presentación que realizaría, y el magistrado se manifestó sobre la viabilidad técnica del mismo, solicitando que lo demás lo arregle con el operador judicial Busaniche.
Durante el trámite del expediente, el juez dictó resoluciones y decretos que se encuentran en el sistema de gestión judicial Lex100. El primer decreto es del 14 de noviembre 2023, donde formaliza la presentación. Luego firma otro el 22 de noviembre de 2023 donde provee la demanda.
El 27 de noviembre de 2023 hace un traslado de la demanda al BCRA. Ya el 4 de diciembre 2023 firma un decreto donde dispone que vencieron los plazos (cuestión que no había ocurrido) de contestación que le había otorgado al BCRA, y pasa el expediente a resolución.
Un día después emite una resolución a favor de la medida cautelar peticionada, donde contiene la modalidad a cumplirse, la contracautela (caución juratoria) y la emisión de los oficios para su cumplimiento. El 6 de diciembre rechaza el recurso de revocatoria contra el libramiento de los oficios realizado por el BCRA.
Ante la presentación de un recurso de revocatoria con apelación en subsidio realizado por el BCRA, y donde solicita el efecto suspensivo, el 14 de diciembre el juez dicta una resolución para rechazar el planteo, y concede la apelación con efecto devolutivo aduciendo que “no se encuentran comprendidos en el supuesto del artículo 13 de la ley 26.854”.
Como consecuencia de la corrida bancaria del 13 de diciembre de 2023 y no conformes Salmain y Busaniche con el porcentaje solicitado al principio de la maniobra, se produjo una ruptura que culminó con amenazas de denuncias penales contra Whpei. Ello sucedió un tiempo después con la remisión del expediente por parte de Salmain al MPF, donde denuncia el delito de estafa procesal respecto de las actuaciones de Attila SRL.
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en la resolución dictada el 1° de marzo de 2024, sostuvo que “las pruebas aportadas por la actora no resultan suficientes para tener por acreditada la veracidad de la deuda y el carácter genuino de la operación”.
Con sustento en esa cronología, el MPF consideró que Whpei, Busaniche y Salmain “conformaron una instancia asociativa, con permanencia en el tiempo y dedicada a la comisión de distintos hechos delictivos”. Y que, con esas conductas, “direccionaron una causa judicial con un cohecho de base cometido por ellos, el cual también derivó en los delitos funcionales de incumplimiento de deberes de funcionario público y de prevaricato. Estos últimos de plena autoría del magistrado, y como partícipes necesarios Whpei y Busaniche”.