Un informe del Observatorio Social del Transporte alertó sobre el impacto de la eliminación de los subsidios nacionales al transporte interurbano de pasajeros en la zona metropolitana de Rosario y presentó alternativas para ponerle un freno a lo que definió como “la espiral destructiva que amenaza con llevarse puesta la movilidad del interior del país”. En ese contexto, se propuso la declaración de emergencia de la actividad.
La presentación estuvo a cargo de la diputada provincial Lucila De Ponti, el coordinador del Observatorio, Eduardo Toniolli, y concejales de las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Alvear, Pueblo Esther, San Lorenzo, Puerto San Martín, Rosario y Granadero Baigorria.
“Entre diciembre de 2023 –cuando Milei decidió retirar los subsidios nacionales al transporte del interior– y agosto de 2026, el gobierno provincial habilitó seis aumentos de tarifas a las empresas de colectivos interurbanos, llevando a una suba del boleto que en los casos más extremos llegó al 994,2%”, señaló Toniolli en el marco de la presentación, y agregó que “eso representa un aumento de tres veces por encima de la inflación y de la variación de los salarios”.
El informe del Observatorio Social del Transporte reseña un aumento de 1130,9% del boleto de colectivo entre Villa Gobernador Gálvez y Rosario en el período en cuestión (de $262,50 a $3.231), uno del mismo porcentaje en el trayecto Alvear - Rosario, y uno del 1436,1% entre Pueblo Esther y Rosario (de $381,54 a $5.861).
Al respecto, Nicolás Ramírez, presidente del Concejo Municipal de Villa Gobernador Gálvez, afirmó: “el gasto en transporte de un trabajador de nuestra ciudad que viajaba de lunes a viernes a Rosario en diciembre de 2023 representaba el 7% de un salario mínimo, mientras que para agosto de 2026 ese número escaló al 35%”. “Ese es el impacto de las decisiones que se toman a cientos de kilómetros de nuestra región, en Buenos Aires y en Santa Fe, sin tener en cuenta sus consecuencias sociales y económicas”, agregó el concejal.
Los legisladores locales denunciaron además la caída de las frecuencias, y señalaron que “es el resultado de un acuerdo no escrito entre el gobierno provincial y las empresas para que les cierren los números”.
En el marco de la conferencia de prensa, la diputada Lucila De Ponti expuso dos iniciativas presentadas en la legislatura provincial que buscan atender la crisis del transporte interurbano de pasajeros: la declaración de emergencia de la actividad (que incluye la ampliación del Fondo Compensador provincial, el otorgamiento de beneficios impositivos y financieros para que las empresas puedan sostener operaciones y renovar las flotas, y la imposición de un tope a los aumentos de tarifas), y una nueva Ley provincial de Transporte Interurbano, que se propone reemplazar la vigente, que data de 1935.