El Gobierno de Javier Milei difundió un video por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La pieza, publicada por la cuenta oficial de la Casa Rosada, pone el foco en la idea de “memoria completa”, con énfasis en las víctimas de las organizaciones guerrilleras durante el período previo a la dictadura militar. Entre los testimonios aparece el de la mendocina Miriam Fernández —también conocida como Miriam Poblete—, nieta restituida número 127, quien recuperó su identidad en 2017.

El material oficial lleva como título “24 de marzo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa”, en línea con la postura política del gobierno nacional de revisar la narrativa sobre la última dictadura, otorgando mayor protagonismo al accionar de las organizaciones armadas en comparación con el terrorismo de Estado desplegado durante ese período.

En el video, Fernández sostiene que en torno al golpe de Estado “hubo muchas cosas que no se contaron” y otras que “se taparon”. En ese sentido, afirmó que durante años “la sociedad creyó un relato que no fue real, que no fue completo”.

Miriam es hija de María del Carmen “Pichona” Moyano, oriunda de Mendoza, y de Carlos Poblete, de San Juan, ambos militantes de Montoneros que fueron secuestrados por la dictadura entre abril y mayo de 1977 en Córdoba. 

Nació en junio de ese año en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y, semanas más tarde, su nacimiento fue registrado en Guaymallén, Mendoza, bajo el nombre de Miriam Lourdes Fernández.

María del Carmen Moyano y Carlos Poblete, padres biológicos de Miriam. 

Quienes la apropiaron fueron Armando Osvaldo Fernández, ex oficial inspector del Departamento 2 de Informaciones (D2) de la Policía de Mendoza, y su esposa Iris Yolanda Luffy. También participó en el hecho el ex policía Abelardo Santiago Garay, quien estuvo presente durante el nacimiento en cautiverio junto a Eduardo Smaha Borzu.

El caso fue juzgado durante el décimo proceso por delitos de lesa humanidad llevado adelante en Mendoza. En ese marco, Armando Osvaldo Fernández, Iris Yolanda Luffy y Abelardo Santiago Garay fueron condenados por la apropiación de la menor, según publicó el medio local MDZOL.

En 2021, Fernández recibió inicialmente una pena de 10 años de prisión, que luego fue elevada a 15 años. Garay, por su parte, fue condenado primero a 8 años, pena que posteriormente se extendió a 10. Luffy fue sentenciada a 5 años de prisión y falleció en diciembre de 2023.

Armando Osvaldo Fernández ya había sido condenado previamente a dos penas de prisión perpetua y a 20 años de cárcel en otras causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante su desempeño en el D2. Con esta causa, sumó una tercera condena a prisión perpetua.

Entre 1971 y 1979 se desempeñó como oficial en el área de inteligencia del D2. Según las “Memorias de los juicios por delitos de lesa humanidad” de Mendoza, su función consistía en articular el vínculo entre el aparato de inteligencia del Ejército —el Comando de Operaciones Táctico (COT)—, encargado de ejecutar los operativos represivos, y la jefatura policial.

Armando Osvaldo Fernández. 

A lo largo de su carrera también pasó por la División de Investigaciones (D5) y luego por el área de Comunicaciones. Regresó al D2 el 1 de abril de 1980 y, desde el 16 de octubre de 1981, formó parte del Departamento de Informaciones de la Unidad Regional II. Permaneció en funciones hasta su retiro en enero de 1996.

Fernández fue el principal responsable del secuestro y apropiación de la hija de Moyano y Poblete, a quien inscribió como propia junto a su esposa. En ese procedimiento también intervinieron Garay y Smaha Borzuk. La niña fue registrada sin certificado médico en Guaymallén, en pleno régimen militar.