La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió remover este jueves de su cargo al fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la Primera Circunscripción Judicial, Diego Gustavo Rodríguez y Barros, por la causal de mal desempeño de sus funciones. Además, dispuso su inhabilitación para acceder nuevamente al MPA durante 10 años.

La decisión se tomó durante una sesión conjunta de ambas cámaras, luego de analizar el dictamen de la Comisión de Acuerdos de la Honorable Asamblea Legislativa. El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, informó que la comisión había aconsejado por unanimidad la remoción del fiscal y su inhabilitación por una década.

El dictamen fue aprobado con la abstención de los diputados Palo Oliver, Claudia Balagué, Carlos Del Frade y Lionela Cattalini. De esta manera, la Asamblea resolvió formalmente la salida de Rodríguez y Barros del cargo que ocupaba en el MPA.

El proceso disciplinario se había iniciado a partir de sospechas vinculadas con una denuncia presentada por Rodríguez y Barros por el supuesto robo de neumáticos de su vehículo. La hipótesis investigada sostenía que el hecho podría haber sido simulado con el objetivo de obtener la reposición de los elementos por parte de la compañía aseguradora.

Ante esas sospechas, el MPA realizó una consulta de oficio a la aseguradora, que informó que el caso presentaba indicios de irregularidad. La investigación quedó a cargo del auditor del organismo, Leandro Mai, quien posteriormente remitió las actuaciones a la Legislatura.

Al expediente también se incorporaron denuncias de trabajadores de la fiscalía de San Jorge por presuntos malos tratos atribuidos al fiscal. Esas presentaciones fueron analizadas dentro del mismo proceso disciplinario, junto con las actuaciones relacionadas con la denuncia por el supuesto fraude a la aseguradora.
 

 

En diálogo con medios regionales, el fiscal Rodríguez y Barros se defendió y sostuvo que fue víctima del robo de los neumáticos, que realizó la denuncia policial y la correspondiente presentación ante la aseguradora, y cuestionó que no se hayan realizado medidas para investigar el hecho, como inspecciones, fotografías o relevamiento de cámaras.

Además, negó haber cometido un delito o falta disciplinaria y afirmó que cuenta con 34 años de trayectoria sin antecedentes disciplinarios.