La Casa Rosada avanza en la preparación de un proyecto para modificar la ley nacional de salud mental, con la idea de enviarlo al Congreso en los próximos días. En el gobierno sostienen que, a más de quince años de la sanción de la norma vigente, quedaron en evidencia problemas de aplicación que afectan la respuesta del sistema sanitario y dejan zonas grises ante situaciones complejas que involucran tanto a pacientes como a terceros.
“En los próximos días estaremos enviando al Congreso de la Nación la nueva ley de salud mental. Fin”, anunció en la red social X el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La ley actual, aprobada en 2010, fue presentada en su momento como un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental. Pero con el paso del tiempo acumuló cuestionamientos por las dificultades para llevarla a la práctica de manera uniforme en todo el país, incluso por parte de familiares de personas con trastornos severos.
Adorni hizo el anuncio luego de una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones, en un intento del oficialismo por recuperar centralidad en la agenda de gestión. La iniciativa es impulsada por la cartera sanitaria, que asegura haber recogido observaciones de familiares, pacientes, profesionales del área y también de actores judiciales y legislativos para detectar problemas concretos en la implementación cotidiana de la norma.
Entre los diagnósticos oficiales aparece la falta de criterios homogéneos entre las distintas jurisdicciones. Según datos difundidos por el gobierno, solo 16 distritos adhirieron formalmente a la ley. Además, de las 23 provincias, 18 cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y 20 disponen de camas de internación, una disparidad que, según la evaluación oficial, genera fuertes desigualdades de acceso, sobre todo en las zonas con menos recursos.
Uno de los cambios que se proponen apunta al lenguaje de la ley. El proyecto dejaría de lado la expresión “padecimiento mental” para adecuarse a la Clasificación Internacional de Enfermedades, con referencia a los trastornos mentales o del comportamiento. La intención, según explican, es dotar al texto de mayor precisión clínica y técnica.
Otro de los ejes estará puesto en redefinir el criterio de riesgo. La propuesta oficial es sustituir el enfoque actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, incorporando en esa evaluación el contexto y los antecedentes de cada caso. Con eso, el gobierno busca habilitar intervenciones más tempranas y preventivas.
En materia de internaciones, la reforma mantendría el carácter excepcional de la internación involuntaria, pero buscaría flexibilizar el marco de actuación ante urgencias. Según se anticipó, en esos casos el médico psiquiatra podría disponer la internación, que luego debería ser confirmada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. También se ampliaría de 10 a 24 horas el plazo para informar la medida a la Justicia. A su vez, en las internaciones voluntarias, si el paciente pidiera el alta y se considerara afectada su capacidad para decidir, esa situación podría reconvertirse en una internación involuntaria con la correspondiente notificación judicial.
Otro punto central del proyecto tiene que ver con el modelo de atención. La normativa vigente promueve el cierre progresivo de los hospitales psiquiátricos y su reemplazo por dispositivos en hospitales generales, pero desde el gobierno advierten que esa transición no siempre pudo concretarse por falta de infraestructura, escasez de personal especializado y problemas de seguridad.
En ese sentido, fuentes oficiales señalaron que hoy funcionan 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas, un dato que, según su interpretación, muestra que la internación especializada sigue siendo necesaria. También mencionaron episodios ocurridos en hospitales generales como el Posadas, el Clínicas, Mi Pueblo y El Carmen para marcar las limitaciones del sistema frente a cuadros complejos.
Con ese diagnóstico, la propuesta oficial no apunta a profundizar el cierre de instituciones específicas, sino a reorganizar la red de atención en salud mental de acuerdo con distintos niveles de complejidad. La idea es articular hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, abordajes comunitarios y residencias asistidas dentro de un mismo esquema.