El Gobierno de Santa Fe y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) presentaron este miércoles en Rosario la puesta en marcha de la Ley 14.495, que crea el Sistema Provincial de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos. La norma, promulgada este lunes, busca desarticular la cadena de reventa ilegal y atacar el robo de teléfonos, un delito que deja alrededor de 200 víctimas diarias solo en la ciudad.
Durante una conferencia de prensa en la Sede de Gobierno, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que la herramienta forma parte de una estrategia integral contra los delitos predatorios y aclaró que su aplicación será progresiva a medida que se completen las adecuaciones tecnológicas.
Entre los ejes centrales, la ley habilita a los agentes policiales a exigir la exhibición del código IMEI (Identificador Internacional de Equipo Móvil) en controles callejeros de rutina, sin necesidad de orden judicial ni sospecha previa.
Según detallaron las autoridades presentes, el sistema informático policial (CIPREC) incorporará una pestaña específica para escanear directamente el código de barras que aparece en pantalla al marcar *#06# y cruzarlo en segundos con la base de datos de equipos denunciados.
“Esto es una medida preventiva no invasiva, como un control de alcoholemia en ruta. Lo único que se verifica es el IMEI; la policía no tiene por qué acceder a chats ni archivos privados, y la ley así lo aclara”, remarcó Cococcioni. En caso de que el código arroje alerta de robo, el teléfono será retenido de inmediato.
El rol clave de la denuncia y el plan piloto
Desde la Fiscalía hicieron hincapié en que el funcionamiento del sistema depende directamente de que las víctimas reporten el robo o hurto, ya que hoy entre el 70% y el 80% de los casos no se denuncian.
Para facilitar el trámite, recordaron que se puede realizar las 24 horas de forma online a través de la web oficial del MPA (www.mpa.santafe.gob.ar), donde es fundamental cargar los dígitos del IMEI, que suelen figurar en la caja original del aparato.
En ese marco, las autoridades revelaron los primeros resultados de un plan piloto desarrollado durante los últimos dos meses en Rosario. Sobre un universo de 680 denuncias analizadas, se activaron 160 investigaciones que ya permitieron recuperar 14 teléfonos y mantener otros 11 bajo seguimiento activo.
Un dato llamativo de esa prueba fue la modalidad de recuperación: en seis de los casos restituidos, la Fiscalía envió mensajes directos a los nuevos tenedores advirtiéndoles que el equipo era robado. Varios de ellos se presentaron voluntariamente a devolverlo y aportaron información clave sobre quién se los había vendido.
Según advirtieron desde Seguridad, una vez enviada esa notificación oficial, quien conserve el aparato perderá la condición de comprador de buena fe y enfrentará una causa penal por encubrimiento o receptación.
Registro de comercios y trazabilidad
Para cortar el circuito económico que alimenta los arrebatos, la normativa también crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. Allí deberán inscribirse de manera obligatoria todas las personas y comercios que compren, vendan, reparen o reacondicionen equipos y repuestos usados.
Los locales estarán sujetos a inspecciones periódicas y deberán acreditar la trazabilidad de cada dispositivo en stock, registrando el IMEI y la identidad de quien lo entregó. Si un comercio posee aparatos con denuncia vigente, sin identificador o con el código adulterado, quedará expuesto a la inmovilización de la mercadería, la clausura y la intervención de la Justicia penal.