El gobierno provincial y los legisladores del oficialismo ultiman los detalles para avanzar con una ley que promete cambiar de forma definitiva la fisonomía de las calles al prohibir la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como "trapitos". En medio de las arduas negociaciones políticas para lograr el consenso necesario para que el proyecto del senador Ciro Seisas tenga este jueves la media sanción de la Cámara alta provincial, la presidenta del Concejo Municipal de Rosario, María Eugenia Schmuck, se refirió al tema y dejó en claro que la problemática requiere de un abordaje integral. Sostuvo que la simple sanción de una norma no hará que las personas que se dedican a esta actividad desaparezcan de la vía pública de un día para el otro.
El proyecto, unificado con propuestas de la Cámara baja, busca prohibir totalmente el ofrecimiento o realización de tareas de cuidado, lavado o limpieza de autos a cambio de dinero en espacios públicos. Sin embargo, su aprobación se topó con obstáculos internos, entre otras cosas porque los senadores del interior de la provincia temen que los trapitos desplazados de Rosario y Santa Fe se instalen en ciudades más pequeñas. Ante este escenario, este miércoles por la tarde se programó una cumbre clave. Cuatro ministros del gabinete provincial desembarcarán en la Cámara alta para analizar el impacto de la medida en la estructura del Estado. Participarán los titulares de Gobierno, Fabián Bastía; de Economía, Pablo Olivares; de Seguridad, Pablo Cococcioni; y de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.
La presencia de un abanico tan amplio de funcionarios demuestra que el Ejecutivo no concibe este asunto únicamente como un problema policial, sino como un fenómeno complejo. El proyecto busca que la actividad sea incorporada formalmente al Código Contravencional con penas de arresto y que la Policía pueda intervenir de oficio, sin necesidad de que medie violencia o denuncia previa. A la par, el área de Desarrollo Humano tendrá la enorme tarea de intentar reinsertar a estas personas en oficios formales, mientras que Economía evalúa los costos operativos de semejante despliegue territorial.
La advertencia de Schmuck
Mientras la letra chica se define en la Legislatura, en la ciudad de Rosario el debate sobre la implementación práctica de la medida genera interrogantes, entre ellos cómo se aplica y qué oportunidades laborales se les brindará a los cuidacoches desplazados.
En ese marco, Schmuck brindó un crudo diagnóstico de la situación local. La titular del Concejo dijo que la semana pasada el interbloque de Unidos tuvo una reunión con el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, y con el secretario de Control del municipio, Diego Herrera, en el que se analizaron las dificultades reales que existen hoy para abordar este escenario de vulnerabilidad y conflictividad urbana.
La edila fue tajante al pedirle a la ciudadanía que mantenga la cautela ante la posible sanción de la ley. "Yo, sinceramente, quiero plantearle a toda la comunidad que es un tema complejo y que no se va a solucionar porque se apruebe un proyecto ni provincial ni local", aseveró Schmuck. En la misma línea, agregó sin medias tintas: "No es que vos aprobás un proyecto y al otro día los trapitos no están más en la ciudad. Eso es una mentira, digamos, el que dice eso miente y yo lo digo para que la gente baje sus expectativas".
La presidenta del Concejo trazó un mapa preciso de los focos de mayor tensión, donde muchas veces operan bandas con lógicas de control territorial. Explicó que el problema "está concentrado en cuatro áreas de la ciudad, donde está realmente complicado y violento". Estos sectores son el Paseo del Siglo y las calles perpendiculares a Córdoba desde Corrientes hasta el bulevar Oroño; toda la zona del barrio Pichincha, abarcando desde Oroño y Jujuy hasta llegar al río; el extenso corredor gastronómico de la avenida Pellegrini; y diversos puntos de la costa central.
Para abordar esta problemática en las calles rosarinas y santafesinas, Schmuck consideró indispensable contar con un entramado de normativas que avalen el accionar de las fuerzas públicas. "Hay que trabajar sobre las herramientas legislativas que nos permitan que la policía y la Secretaría de Control aborde la problemática de las personas que están con situación de adicciones, que son violentos en esos lugares", subrayó la dirigente.
Asimismo, anticipó que la erradicación no será absoluta de forma inmediata, sino que provocará un desplazamiento. “Probablemente los corramos a otros lugares, pero donde la afluencia de gente sea mucho menor y sean mucho menos las consecuencias”, dijo. Para ella, se trata de un proceso paulatino. "Yo creo que es una estrategia paso a paso, que no se resuelve con una ordenanza, que no se resuelve con una ley provincial, se resuelve con decisión política y con laburo conjunto entre provincia y municipio", remarcó.