Tras el receso por Semana Santa, el oficialismo retomará la actividad legislativa en la Cámara de Diputados con la intención de avanzar rápidamente en la reforma de la Ley de Glaciares, el único proyecto que quedó pendiente de las sesiones extraordinarias.
El primer paso será este martes a las 14, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. Allí se buscará firmar dictamen y dejar la iniciativa lista para ser tratada en el recinto este miércoles.
Durante el encuentro, que se realizará en el Anexo de la Cámara baja, se prevé la participación de especialistas y representantes de provincias cordilleranas que respaldan la reforma, en línea con el interés de varios gobernadores en impulsar inversiones mineras.
La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobada por 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El proyecto propone redefinir los criterios de protección de glaciares y zonas periglaciares, y otorga mayor poder a las provincias para determinar qué áreas deben ser consideradas dentro de esas categorías en sus territorios.
En ese sentido, habilita a las jurisdicciones a solicitar modificaciones en el Inventario Nacional de Glaciares, en base a estudios técnicos, lo que genera preocupación en sectores ambientales por el posible impacto sobre fuentes de agua.
Números y apoyos
En el oficialismo confían en reunir los votos necesarios para alcanzar la mayoría en Diputados. El bloque de La Libertad Avanza apuesta a sumar el respaldo de aliados como el PRO, la UCR y bloques provinciales.
Entre estos últimos se destacan espacios vinculados a gobernadores de provincias con actividad minera, como Catamarca y San Juan, que impulsan la reforma como una herramienta para atraer inversiones.
Audiencia y cuestionamientos
El tratamiento del proyecto llega luego de una audiencia pública realizada a fines de marzo, que se extendió durante dos jornadas y tuvo una convocatoria masiva: más de 102 mil personas se inscribieron para participar, aunque menos de 400 pudieron exponer de manera presencial o virtual.
Según trascendió, en ese espacio predominaron las posturas en contra de la modificación de la Ley 26.639, sancionada en 2010 para proteger los glaciares y el ambiente periglacial.
Organizaciones ambientales y particulares ya anticiparon que podrían recurrir a la Justicia si el proyecto se convierte en ley. Cuestionan, entre otros puntos, la validez de la audiencia pública y sostienen que no cumplió con los requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente.