El Gobierno de Perú presentó un conjunto de normas para reforzar la disciplina en las escuelas públicas, con medidas que incluyen sanciones para estudiantes que incurran en hechos graves de violencia, restricciones sobre la apariencia personal y la prohibición de utilizar celulares en clase sin autorización de los docentes. La iniciativa también apunta a prevenir el acoso escolar y establecer pautas de convivencia dentro de las instituciones educativas.
Durante la presentación, la presidenta Keiko Fujimori sostuvo que es necesario recuperar el orden tanto en los espacios públicos como en las aulas. Además, indicó que la propuesta recibirá aportes de distintos sectores de la sociedad civil antes de su implementación formal.
El reglamento prevé sanciones progresivas para las infracciones menores y contempla la expulsión en casos graves. También establece que las denuncias por acoso escolar y violencia de género sean derivadas de manera inmediata al Ministerio Público y a las fuerzas policiales.
Restricciones sobre la vestimenta y la apariencia
El ministro de Educación, José Antonio Chang, detalló algunas de las disposiciones relacionadas con la presentación personal de los alumnos. Entre ellas, figuran la prohibición del maquillaje, el pintado de uñas y el uso de cabello largo o teñido. Además, se establecerán límites para el largo de las faldas escolares.
Las medidas alcanzarán a los establecimientos educativos públicos, mientras que las instituciones privadas conservarán la posibilidad de definir sus propios reglamentos internos.
Desde el Ejecutivo señalaron que las nuevas pautas buscan establecer obligaciones claras para los estudiantes y reforzar la convivencia en el ámbito educativo.
El caso que impulsó el anuncio
La presentación de las medidas se produjo luego de la repercusión nacional de una denuncia de agresión sexual entre estudiantes ocurrida en un micro escolar. El episodio tuvo lugar en una institución educativa administrada por la Marina de Guerra y derivó en una investigación judicial, además de una reorganización integral del establecimiento.
Como parte de las decisiones adoptadas tras las primeras actuaciones, las autoridades dispusieron que el colegio pasara a depender directamente del Ministerio de Educación.
La propuesta generó cuestionamientos de distintos sectores sociales y gremios docentes, que manifestaron reparos sobre el alcance de las restricciones vinculadas con la apariencia de los estudiantes.
Mientras el Gobierno sostiene que las reglas contribuirán a prevenir situaciones de violencia y mejorar la convivencia escolar, el paquete de medidas continuará bajo análisis técnico antes de su publicación en el boletín oficial del Estado.