El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, resolvió sobreseer a familiares y personas vinculadas a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en una investigación por presunto lavado de dinero que había comenzado en Santiago del Estero. La medida alcanza a 13 personas y seis sociedades relacionadas con el entorno familiar del dirigente. Entre las firmas mencionadas en el expediente aparecen HR SRL, Barwa SRL, Bori SRL, DCT SRL, WiCA SAS y Vandap SAS. Según explicó el magistrado, la decisión se tomó ante la falta de impulso de la acusación fiscal.
La investigación había sido iniciada por el fiscal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien había denunciado una presunta asociación ilícita y una maniobra de lavado de activos que, de acuerdo con su hipótesis, se habría desarrollado desde 2018 y tendría como protagonistas a dirigentes de la AFA.
Las hipótesis investigadas
El planteo del fiscal sostenía que los fondos presuntamente incorporados al circuito ilegal podían tener tres posibles procedencias. Una de ellas estaba relacionada con una supuesta defraudación contra la propia AFA. La segunda hipótesis apuntaba a una presunta evasión impositiva, a través de maniobras destinadas a ocultar ante el organismo recaudador el verdadero monto de las obligaciones fiscales, incluyendo el uso de facturas que serían apócrifas. El tercer mecanismo investigado estaba vinculado con la falta de liquidación de divisas y la compra de moneda extranjera por fuera del mercado oficial.
En ese marco, Simón había pedido que fueran llamados a indagatoria y detenidos el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y Toviggino. Además, había imputado a otras 26 personas, entre ellas dos hijos del tesorero, su hermano Darío Fabián, su exesposa María Julia Del Castillo Orellana y su actual pareja, María Florencia Sartirana.
El recorrido judicial de la causa
El expediente atravesó después una serie de movimientos en la Justicia. El juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay había rechazado la denuncia el mismo día en que regresó de sus vacaciones. Sin embargo, el magistrado fue apartado de la investigación después de que trascendiera una operación inmobiliaria realizada en julio de 2024: su hija le había vendido una propiedad al hermano de Toviggino.
La resolución de Argibay quedó entonces bajo revisión y todo indicaba que la Cámara Federal de Tucumán podía revocarla. Finalmente, el fiscal general de esa jurisdicción, Rafael Vehils Ruiz, desistió del recurso que había presentado el fiscal de primera instancia, lo que cambió el rumbo del expediente.
La causa terminó radicada ante González Charvay, quien también había intervenido en una investigación relacionada con los presuntos testaferros de una mansión ubicada en Pilar.
En ese contexto, el juez federal decidió sobreseer a los familiares y allegados de Toviggino incluidos en la investigación, junto con las seis sociedades vinculadas a su entorno familiar.
El fundamento central de la resolución fue que “no hay impulso fiscal”.