Sofía Clérici fue sobreseída en la causa conocida como “Yategate”, en la que estaba siendo investigada como presunta testaferro de Martín Insaurralde a raíz del viaje que ambos realizaron a Marbella en septiembre de 2023.
La resolución fue dictada por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, quien concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar que el exintendente de Lomas de Zamora hubiera entregado dinero a Clérici para que actuara como su prestanombre.
De esta manera, el magistrado decidió finalizar la investigación que involucraba a la modelo por la posible utilización de fondos de origen ilícito para solventar los pasajes y otros gastos relacionados con el viaje.
En su resolución, Armella sostuvo que, ante la falta de elementos que permitieran sostener esa hipótesis, correspondía adoptar una decisión liberatoria y cerrar el proceso respecto de la mediática.
Uno de los aspectos determinantes para llegar a esta conclusión fue la pericia contable realizada durante la investigación sobre los bienes y movimientos financieros de la modelo. Ese estudio había sido presentado por su defensa como argumento para solicitar el sobreseimiento y, según los elementos incorporados al expediente, no permitió establecer que Insaurralde hubiera transferido dinero a Clérici.
Con esta resolución, la modelo se convirtió en la primera persona investigada en el marco del expediente en obtener un sobreseimiento. La causa continúa abierta respecto de Insaurralde y de su exesposa, la modelo y conductora Jésica Cirio, quienes siguen bajo investigación y cuentan con pedidos de indagatoria.
El caso empezó en 2023, después de que se difundieran fotos y videos del viaje que Insaurralde y Clérici realizaron a Marbella. A partir de entonces, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio y los movimientos económicos de los involucrados ante las sospechas de posibles maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
En ese contexto, una pericia contable realizada por especialistas de la Corte Suprema había encontrado inconsistencias en la situación patrimonial de Insaurralde.
El informe indicó que, durante el período examinado, el exfuncionario declaró ingresos por $87.171.401, mientras que los egresos registrados ascendieron a $99.975.141. Al confrontar los ingresos informados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas, el estudio estableció un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14.
Sin embargo, el sobreseimiento de Clérici no significa que todas las cuestiones vinculadas con su patrimonio hayan quedado cerradas.
En la misma resolución, Armella ordenó extraer testimonios y enviarlos al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de San Isidro, para que se analicen posibles delitos patrimoniales que serían independientes de los hechos investigados en Lomas de Zamora.
La medida se relaciona con determinadas irregularidades patrimoniales detectadas durante la investigación y con dinero que había sido encontrado y secuestrado en domicilios vinculados con Clérici. Entre esos inmuebles se encuentra su vivienda en Nordelta, ubicada dentro de la jurisdicción de la Justicia Federal de San Isidro.
Según explicó Armella, esas posibles irregularidades patrimoniales constituyen hechos autónomos y, por esa razón, justifican que se remitan testimonios a otro juzgado. El magistrado también señaló que la complejidad de la causa y la información reunida durante la investigación permiten advertir la existencia de hechos que podrían ser objeto de una investigación penal y que, eventualmente, habrían ocurrido fuera de la jurisdicción de Lomas de Zamora.
La resolución fue conocida poco antes de que Armella dejara su cargo al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. Este jueves, Juan Tomás Rodríguez Ponte asumió como nuevo titular del tribunal durante una ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que también participó el juez saliente.
Por último, el sobreseimiento todavía puede ser apelado.
Tanto el fiscal federal Sergio Mola como la organización Poder Ciudadano, que había pedido que Clérici fuera convocada a una declaración indagatoria, están habilitados para cuestionar la decisión. Por ese motivo, la resolución no necesariamente constituye el cierre definitivo de la discusión judicial sobre la situación de la modelo.