La precarización de las prestaciones y servicios para personas con discapacidades se agudiza a pesar de las numerosas manifestaciones populares y la sanción de una ley que les da respaldo. El 50 por ciento de los transportistas dejaron la actividad por lo que se volvió complicado trasladar a las personas a sus centros de rehabilitación, una situación límite y desesperante para padres y responsables.
Desde la Asociación de Transportes Especiales de Santa Fe (Atraes), renovaron el pedido del cumplimiento de la normativa de parte del gobierno nacional a fin de evitar el colapso total de los servicios.
Solo en la provincia de Santa Fe, hay 138.000 personas con certificado único de discapacidad (CUD), de las cuales 45.000 residen en Rosario.
Pablo Bolego, presidente de la entidad santafesina, aseguró que la cantidad de vehículos habilitados se redujo a la mitad desde diciembre de 2023. “Hay familias desesperadas que no encuentran transporte para trasladar a sus hijos”, afirmó, al describir un escenario por falta de rentabilidad.
“El 50 por ciento ya no presta el servicio y muchas personas no encuentran transporte para asistir a sus centros de recuperación, centros de día y centros educativos terapéuticos”, agregó en diálogo con Radiópolis (Radio 2).
“La situación es realmente alarmante, estamos reclamando el cumplimiento de la ley de emergencia en discapacidad que ya pasó 4 veces por el Congreso, hemos podido sortear el veto del Presidente. Una ley que tuvimos que judicializar, que el Gobierno dice estar cumpliéndola y todos sabemos que esto no es así”, recordó.
Según explicó, “el no cumplimento implica el congelamiento de los aranceles provocando el deterioro y la precarización del servicio, la baja de prestadores, que no se restituyan las pensiones a las personas que han sufrido su quita indebida”.
De acuerdo a lo que precisó, durante más de dos décadas el valor que se abonaba por kilómetro representaba cerca del 80% del costo del litro de gasoil. Hoy, ese arancel ronda los 733 pesos, mientras que el combustible se acerca a los 1.900. “Con estos números es imposible sostener el servicio. Los costos aumentan y los ingresos quedan congelados”, remarcó.
En ese orden el dirigente transportista apuntó contra el gobierno nacional: “Hemos perdido toda esperanza con este gobierno, incluso colegas que le confiaron su voto al presidente Milei”, aseveró.
Y en relación a la decisión sobre la Andis del gobierno de Milei traspasando su función a la órbita del Ministerio de Salud, Bolego consideró que es “un cambio de paradigma profundo, que reduce la discapacidad a una mirada estrictamente médica y deja de lado su dimensión social”.