Tras permanecer siete años sin subirse a un escenario, Pity Álvarez regresó a los shows en vivo con una convocatoria masiva. El sábado último se presentó ante cerca de 35 mil personas en el Estadio Mario Alberto Kempes, en la ciudad de Córdoba.
Luego de ese recital, el fiscal general Sandro Abraldes impulsó denuncias contra Agustín Calleri —titular de la Agencia Córdoba Deportes y presidente de la Asociación Argentina de Tenis— y también contra productoras vinculadas a la organización del evento.
Abraldes es el funcionario que ejerce la acusación pública en la causa penal, actualmente en pausa, en la que el exlíder de Viejas Locas debe enfrentar un juicio por un homicidio cometido en 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano. Además, el expediente incluye cargos por portación ilegal de arma de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y violencia.
El avance del proceso judicial se encuentra detenido debido a que Álvarez fue declarado inimputable de manera provisoria, en función de evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. Según fuentes judiciales citadas por La Nación, esa condición impide que el músico sea sometido a juicio mientras no recupere la capacidad de comprender y afrontar el proceso.
Desde la Justicia aclararon que esta situación no implica el cierre definitivo de la causa. El expediente continúa abierto y el acusado es sometido a controles periódicos por parte de una junta médica. Incluso, el magistrado interviniente autorizó el viaje del músico a Córdoba apenas tres días antes del recital, pese a que Álvarez no se había presentado previamente a los estudios requeridos en el Cuerpo Médico Forense.
En ese marco, menos de un día antes del show, el fiscal Abraldes envió una notificación electrónica a Calleri, en su rol de responsable del estadio Kempes. En el escrito solicitó que se permitiera el ingreso de cuatro efectivos de la División Operaciones Técnicas Especiales de la Policía Federal, quienes debían cumplir tareas específicas durante el recital.
De acuerdo con la presentación judicial, el pedido no fue atendido. El mismo sábado, la fiscalía recibió un documento sin firma —remitido en formato Word— en el que se indicaba que la organización del evento estaba a cargo de la firma En Vivo Producciones SA, responsable del control de accesos. Según se consignó, los agentes federales enfrentaron serios inconvenientes para ingresar al predio y solo lograron hacerlo tras una gestión telefónica entre un representante legal de la productora y un funcionario del Ministerio Público.
En paralelo, Abraldes presentó una segunda denuncia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, esta vez contra la productora Pop Art Music. En su presentación sostuvo que la empresa habría limitado el accionar policial dentro del estadio al restringir el acceso a imágenes del músico, a pesar de que los efectivos contaban con una orden judicial vigente.
La causa por homicidio tiene como antecedente un hecho ocurrido en julio de 2018, cuando Cristian Díaz fue asesinado. En aquel entonces, el juez Martín Yadarola descartó que el ataque se hubiera producido en un contexto de delirio persecutorio y señaló que el episodio incluyó un intercambio previo entre ambos.
Al procesar a Álvarez por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego, el magistrado sostuvo que el encuentro se extendió durante varios minutos, con un diálogo inicial que derivó en una discusión y culminó en un intento de resolver el conflicto mediante una confrontación física.