El exjuez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, fue triplemente acusado en causas por presuntos delitos de corrupción y la Siscalía adelantó que solicitará una pena de 10 años de prisión.
Según indicó el portal Fiscales, los representantes de la fiscalía federal advirtieron que "los hechos que se le imputan muestran una trama de corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.
De acuerdo con la acusación, al exmagistrado se le atribuyen maniobras que incluyen prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado de activos.
La imputación sostiene que los hechos habrían logrado un esquema de utilización indebida de la función judicial para favorecer intereses particulares y obtener beneficios económicos, en lo que los investigadores describieron como un caso corrupto dentro del Poder Judicial.
En el mismo expediente también fueron acusados Gabriel Mizzau, un escribano señalado como presunto intermediario en maniobras extorsivas, y la esposa del exjuez, señalada por operaciones vinculadas al presunto lavado de activos.
Los letrados precisaron que las acusaciones corresponden a hechos diferentes que se vinculan entre sí y por eso no se descarta un único juicio oral. El pedido de 10 años de cárcel fue estimado para el tramo de mayor gravedad y, en los otros expedientes, también se prevén penas de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y multas.
En uno de los legajos se refiere a causas de narcocriminalidad en Rosario, en el que se investiga si el magistrado habría favorecido intereses particulares a través de resoluciones que se podrían considerar irregulares.
Las acusaciones fueron elevadas por fiscales federales con intervención de áreas especializadas en criminalidad económica y narcocriminalidad, y ahora el juzgado deberá resolver si el caso avanza a juicio oral. El ex magistrado continúa en prisión domiciliaria mientras siga el proceso judicial.
Acusaciones
Según una de las acusaciones, a partir de una compleja investigación impulsada por la PROCELAC, se lograron reunir elementos para atribuirle al exmagistrado tres hechos principales, en los que también quedaron involucrados el escribano Santiago Busaniche, el empresario Fernando Whpei y el extitular de la delegación local de la ex Administración Federal de Ingresos Público local (AFIP, hoy ARCA), Carlos Vaudagna.
Maniobra de extorsión: Según el MPF, desde mediados de 2019 y hasta el 22 de noviembre de 2024, Bailaque coordinó con el empresario Whpei, el escribano Busaniche y el entonces funcionario Vaudagna, una maniobra para impulsar actuaciones judiciales y fiscales contra los empresarios C.I. y J.O., con el objetivo dañar la reputación de I., y perturbar su carrera profesional en empresas del Grupo San Cristóbal. Para no perjudicarlo en una causa penal, a I. le exigieron 200.000 dólares, de los cuales la víctima entregó 160.000, entre octubre de 2019 y marzo 2022.
Pagos encubiertos bajo contrato de alquiler: El segundo hecho atribuido a Bailaque abarca el período comprendido entre enero de 2019 y enero de 2025, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Federal N°4 de Rosario. En ese contexto, se lo acusa por haber recibido pagos mensuales efectuados por Whpei a través de la mutual Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos. Segú los fiscales, esos pagos estuvieron motivados en su condición de juez federal y fueron encubiertos mediante un contrato de locación de un inmueble de su propiedad ubicado en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Los ingresos fueron declarados como lícitos ante el fisco y el Consejo de la Magistratura.
La compra de un lote con fondos ilícitos: En un tercer hecho, quedó vinculada la esposa de Bailaque, Graciela Martínez Maulion. Según los fiscales, en agosto de 2020, ambos incorporaron al mercado formal fondos de origen ilícito mediante la celebración de un contrato oneroso de cesión de derechos y acciones que una empresa constructora tenía sobre un lote ubicado en el complejo “Vida Barrio Cerrado” de la localidad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Para la adquisición, se pagaron 70.000 dólares en efectivo, monto que —según la acusación— resultaba inferior al valor real de mercado. Desde entonces, el matrimonio tomó posesión del terreno y lo administró.