En el documento, los integrantes de la CTC explican que “que el cambio de administración provincial, operó al interior del servicio penitenciario provincial como un intersticio, a través del cual aquellos sectores de la familia penitenciaria (que padecieron un recorte de su poder por la aplicación de una política de diálogo a la que se opusieron de manera sistemática y el permanente control civil), vieron la oportunidad de recuperar posiciones y espacios”.
Por otra parte, observan que durante “los últimos meses del año 2007 recrudecieron los hechos de provocación, amenazas y hostigamiento psicológico hacia la población penal, en un claro intento de condicionar a las nuevas autoridades y reinstalar viejas practicas violatorias de los derechos humanos y de trato inhumano a la población penal”.
La CTC da cuenta en su documento que en la cárcel de Coronda se puede constatar un verdadero clima de tensión e incertidumbre como consecuencia de la aparición de permanentes ola de rumores e intrigas sobre supuestas venganzas del ala sur sobre el ala norte y viceversa, propia de los días y meses inmediatamente posteriores a la masacre de 2005.
Finalmente, resumen el clima general en una clara maniobra institucional que pretendió y pretende establecer un nuevo marco de gestión a la naturalmente conflictiva relación existente dentro de una cárcel entre sus actores excluyentes, personal penitenciario y población penal; en dirección a limitar el proceso de ejercicio de derechos y libertades emprendido por los detenidos, fundamentalmente con posterioridad al 11 de abril del año 2005.
Dada la situación que se describe en el informe, los integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario solicitan al gobierno provincial “una mesa de transición entre las autoridades salientes y las entrantes, en el ámbito penitenciario, como una manera de garantizar que la misma no significara un retroceso en términos de derechos humanos”.