Las negociaciones por el traspaso del gobierno provincial incluyeron un acuerdo para pagar una importante deuda que tenía el Ejecutivo con unos 1200 policías, con sumas pendientes acumuladas en algunos casos desde hace ocho años.
La voluntad de pago de la nueva administración pondrá punto final a una larga disputa que mantenían los uniformados (patrocinados por el estudio de abogados de Iván Cullen) con el Ejecutivo por haber sido discriminado sin motivo alguno y perjudicado en sus haberes.
Los policías cobraran sus deudas en tres cuotas desde 2008. Deudas que fueron originadas por la falta de bonificación de un título, por la no entrega de vivienda para aquellos que fueron trasladados a más de 80 kilómetros o por un plus no efectivo a personal especializado de Drogas Peligrosas o las TOE, entre otros puntos no cumplidos por las administraciones anteriores.