El día después de la feroz batalla campal entre sectores enfrentados del sindicato lechero no transcurrió justamente en calma, aunque, claro, esta vez las disputas no fueron cuerpo a cuerpo. Mientras que Atilra Rosario culpaba por el muerto y los heridos a la conducción nacional, desde la Justicia señalaron que la bala que hirió de muerte a Héctor Cornejo salió desde el sector local. Por eso, buscaban a un hombre que fue identificado como supuesto patovica contratado por el gremio local -algo que ellos niegan-. Hasta este jueves a la noche, esa persona no había sido detenida, según confirmaron a Rosario3.com desde la seccional 6ª.

Para el gobernador Hermes Binner, quien realizó declaraciones por la tarde, “la acción de la policía fue absolutamente adecuada a la realidad” ya que actuó cuando debía, dijo. Además, ratificó al ministro de Seguridad Daniel Cuenca. "La provincia nunca tuvo un ministro con todos sus avales", argumentó. En tercer lugar, señaló que su gobierno rechaza todo forma de violencia y aseguró que están detrás de las "pistas" de quienes fueron los responsables del hecho. 

Por otro lado, el choque ocurrido el miércoles en la sede del gremio de empleados del séctor lácteo cuando desde la conducción nacional quisieron tomar el lugar por la fuerza dejó unos 18 heridos, cinco de ellos continuaban bajo atención médica este jueves. El caso más delicado es el de Pablo Rizolo (que llegó desde Santiago del Estero), baleado en el tórax. "No sufrió complicaciones en las últimas horas, está conciente, respirando por sus medios pero se quedará en terapia al menos hasta este viernes a la mañana", describieron desde el centro de salud a este medio.

¿Quién disparó?

Un debate tomó forma y apunta al tema sobre el que también se centran las investigaciones en torno a lo que pasó en Iriondo y San Luis: quién y cómo mató a un trabajador cordobés, que llegó con la columna de la conducción nacional que aparentemente pretendía tomar la sede sindical local. La versión de Atilra local, que sostiene que la muerte se produjo en un enfrentamiento por diferencias entre barras bravas de Central y dirigentes nacionales por problemas con el pago convenido, genera demasiadas dudas. Tantas que la hipótesis de la Justicia es que los disparos partieron desde la sede gremial y se ordenó la detención de patovicas supuestamente contratados para la defensa de Atilra local, algo que su dirigencia niega. 

Héctor Ponce, secretario general de Atilra a nivel nacional y quien estaba al frente de la columna vestida de amarillo que llegó desde otras localidades, sostuvo que la conducción nacional fue a una asamblea "solicitada" por la filial de Rosario, dijo que es "una estupidez" la acusación de que llevaron barrabravas y aseguró que los trabajadores no tenían armas y fueron revisados por la Policía cuando llegaron a la ciudad santafesina.

"Los disparos venían del otro sector, tenemos un muerto y heridos. Ellos saben quiénes tiraron y quiénes tenían armas. Yo no sé quién fue, pero los disparos partieron de ahí. Fuimos emboscados", agregó el dirigente nacional.

Patovicas

La fiscal que entiende en la causa, María Iribarren, avaló al menos en parte los dicho de Ponce. Dijo, en diálogo con el programa Diez puntos, de Radio 2 que "está establecido desde dónde partieron los disparos" y que "no parece que el disparo hubiera partido del grupo" que responde a la conducción nacional. Es que hay impactos de bala en una casa que está en la esquina de Iriondo y San Luis, en la ochava opuesta a la de la sede gremial, hacia donde huyeron los militantes provenientes de otras localidades. 

Una versión indicaba que esos disparos fueron efectuados por cuatro patovicas contratados por Atilra Rosario para defender la sede gremial ante el supuesto intento de toma de la conducción nacional. De hecho, la jueza María Pérez Vara ordenó la detención de esos guardaespaldas, uno de ellos identificado como Raúl Cazón.

Hasta la tarde de este jueves, la División Judiciales de la Unidad Regional II de policía había realizado dos allanamientos –uno en su domicilio particular– para dar con el paradero de Cazón. Sin embargo, los efectivos no podían encontrarlo para proceder a la captura, tal como solicitó la jueza Pérez Vara.

Pero Víctor Vega, secretario general de la delegación local del gremio, negó que hayan contratado patovicas y dijo que junto con los dirigentes y militantes de Atilra que realizaban el acto cuando irrumpió la columna foránea sólo había otros sindicalistas que habían ido a acompañarlos ante la agresión que se venía.

En todo caso, será clave el resultado de los peritajes que se realizan a las armas secuestradas en el allanamiento de la sede gremial que llevó adelante la jueza María Luisa Pérez Vara.

Armados

Ariel Chávez, secretario adjunto de Atilra Rosario, admitió que había armas en el gremio. "Teníamos que defendernos, que quede en claro, eran 800 personas y nosotros 100 o150", justificó. Pero el abogado del gremio, Jorge Elizondo, dijo que las armas no eran de Atilra, sostuvo que estaban en un bolso que no se sabe de quién era, que no se corresponden con el arma que mató a Cornejo y que no descarta que las hayan plantado, algo que para la fiscar Iribarne es imposible. Además, el letrado abonó la versión de que el problema fue por el pago por la supuesta contratación, por parte de la conducción nacional, de la barra brava de Central –del sector de Los Pillines, detalló–y se apoyó en el hecho de que Cornejo era tesorero de la seccional Córdoba, con lo cual se supone que podía manejar los fondos para tal fin. Otras fuentes mencionaron incluso un monto que se debía pagar a la barra brava y que aparentemente no se cumplió: 140 pesos por cabeza.

Por su parte, Vega dijo que la dirigencia sindical local está a disposición de la Justicia, que a los que estaban en el gremio se les hizo el demortest para verificar si usaron armas de fuego durante los incidentes y que no tiene certezas sobre de dónde partió la bala que mató a Héctor Cornejo.  "Nosotros no somos de manifestarnos armados y eso está muy claro", enfatizó y en ese sentido dijo que hay una foto del diario La Capital que muestra con claridad que uno de los manifestantes de remera amarilla –color que identifica a la seccional nacional– llevaba una pistola en la cintura. 

En cuanto a los motivos de fondo del conflicto, adhirió a la teoría de que "las empresas prefieren a la conducción nacional" del gremio, más emparentada con la burocracia sindical que la local.

En diálogo con Canal 3, Jorge Elizondo, abogado de Atilra Rosario, le puso nombre a esas empresas que según el gremio prefiere negociar con la conducción nacional: Sancor y La Serenísima.