El gobierno boliviano podrá apropiarse de las tierras en la que se verifiquen prácticas de servidumbre por parte de sus dueños, según un decreto supremo divulgado este jueves.
El director nacional de Tierras, Cliver Rocha, informó que la medida permitirá al Instituto Nacional de Reforma Agraria (Inra) “verificar los sistemas de servidumbre en predios agrarios”.
“De encontrarse esta forma de explotación, la propiedad en cuestión pasará a dominio del Estado de forma inmediata por no cumplir la función económico social”, explicó Rocha, según reportó la agencia alemana de noticias DPA.
El instrumento que legitima el ingreso de empleados del Inra a los campos para verificar el tratamiento a los campesinos fue elaborado a partir de una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta comisión informó en junio pasado, a partir del relevamiento de sus comisionados, que continúa el problema de la servidumbre por deuda y el trabajo forzoso en el Chaco boliviano, así como el agravamiento de la situación de los indígenas guaraníes desde la última visita de la CIDH en noviembre de 2006.
El informe recoge testimonios de familias guaraníes que, como consecuencia de sus reivindicaciones territoriales, fueron expulsadas de las haciendas en las que trabajaban sin compensación por el trabajo realizado.
Los indígenas del Chaco boliviano denunciaron ante los comisionados que son sometidos por los dueños de las haciendas a castigos con látigos, quema de sus cultivos y muerte de sus animales, en tanto en la región de Alto Parapeto se verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales.
“Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia del Estado nacional en la región del Chaco y el inefectivo actuar de la Fiscalía; esta impunidad fomenta la repetición de prácticas incompatibles con los derechos humanos”, precisó el informe de la CIDH.