Boom sin control: el gobierno ordenará las agencias privadas de seguridad

Ante el crecimiento de la actividad y el vació normativo existente, el ministerio de Seguridad presentará a la Legislatura un proyecto para poder controlar a las empresas de vigiladores. Inspeccionarán personal, vehículos y armamento, entre otros

La iniciativa, que está ultimando el Ministerio de Seguridad, busca establecer, entre otros puntos, "la obligatoriedad por parte de las agencias de llevar registros especiales sobre inspecciones, personal, servicios contratados, armas, vehículos, material de comunicaciones, además de un soporte informático que respalde los datos de los registros”.

Además, se establecerán “sanciones de diversa índole por incumplimiento a las disposiciones de la ley; se incorpora la figura de la cancelación de oficio de la habilitación para aquellas agencias que no presten servicio por el término de un año, entre otros aspectos", detalló Néstor Condal, director provincial de Autorizaciones, Registro y Control de Agencias Privadas de Vigilancia, Seguridad e Informaciones Particulares.

Boom privado

Según señala un comunicado oficial, la necesidad de dar un marco normativo claro a este sector obedece al hecho de que la seguridad privada ha registrado un notable crecimiento en los últimos años, desplazando –en parte– la actividad de control, antes monopolizada por la Policía, hacia un servicio prestado por particulares y dirigida, esencialmente, a proteger intereses económicos individuales. 
 
"El crecimiento de las agencias de vigilancia no significa, de modo alguno, que el Estado abandone o resigne su condición de garante del orden público. Por eso estamos trabajando, ante el escaso marco normativo del que disponemos, en este proyecto de ley para regular la actividad de las agencias privadas", aseguró el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca. >

"El Estado debe además supervisar la aptitud de las personas para desempeñar tal actividad, y por eso se contempla en esta iniciativa también la capacitación de los mismos", indicó el funcionario, quien agregó que "los servicios a regular son complementarios y subordinados a los que realiza el Estado provincial, de carácter primordialmente preventivo y sujetos a las políticas que se fijen con el objeto de resguardar la seguridad pública". 

El funcionario indicó que "la falta de legislaciones uniformes y, en muchos casos, la ausencia total de normas sobre seguridad privada, es uno de los aspectos que más preocupan a los organismos provinciales encargados de esta problemática, ya que ello supone un precario control de la actividad y una carencia de marco legal que lo regule y que, por ende, genera una enorme inseguridad jurídica a la hora de resolver los conflictos que se producen entre los intereses públicos y los privados".
 
La actividad en números
 
Tras la asunción de las nuevas autoridades, inmediatamente se procedió a efectuar operativos de control de las agencias de seguridad privadas. En noviembre de 2007 la cantidad de personal de las agencias con función de "vigilador" era de 8.696, elevándose a 9.093 en diciembre de 2007; en enero de 2008 el personal en servicio llegó a 9.150 y en febrero a 9.307. En marzo hubo una ligera reducción, bajando a 9.145, producto de la salida del mercado de una agencia que contaba con unos 120 empleados, más los movimientos habituales de "altas y "bajas".
 
Mientras en noviembre de 2007 el número de agencias habilitadas era de 250, en diciembre se reduce a 243, y continúa disminuyendo: 229 en enero de 2008, 226 en febrero y 225 en marzo de este año.
 
De esta comparación se puede advertir que mientras el número de agencias se reduce, aumenta la cantidad de "vigiladores". Puede inferirse, entonces, que el crecimiento registrado en personal puede deberse a un importante "blanqueo" de las relaciones laborales.