El pedido de condena a los imputados en la causa Díaz Bessone que los querellantes iban a realizar este miércoles quedó postergado hasta el 12 de septiembre, debido a la ausencia de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Causa Díaz Bessone: un faltazo que demora el proceso
La ausencia de uno de los sectores querellantes, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, llevó a la suspensión del pedido de condenas previsto para este miércoles. Críticas de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos
Con una sala repleta de sobrevivientes y familiares, la audiencia en el Tribunal Oral Federal Número 2 quedó trunca.
Es que al advertir la ausencia de los letrados que representan a la Secretaría de Derechos Humanos, que es uno de los querellantes, las abogadas de la Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas solicitaron al tribunal “la suspensión de la audiencia en resguardo de las garantías del debido proceso”, según explicó Gabriela Durruty.
El pedido contó con la adhesión del Ministerio Público Fiscal a cargo de Gonzalo Stara y de la querella representada por la abogada de Hijos, Nadia Schujman.
Asimismo, el defensor de Ricardo Chomicki, Héctor Galarza Azzoni, no sólo adhirió al pedido de suspensión sino que además solicitó se tenga por desistida tácitamente la acusación de la Secretaría de Derechos Humanos y se le impongan sanciones.
El Tribunal sólo hizo lugar al pedido de suspensión y quedó a la espera de las explicaciones que deberán brindar los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por la ausencia.
La situación generó malestar entre las víctimas, familiares y organismos de defensa de los derechos humanos, que en un comunicado lamentaron: “Una vez más vemos cómo se retrasa un juicio por el que venimos luchando desde hace 30 años, con una postergación que no sólo afecta esta causa sino a los juicios por delitos de lesa humanidad que esperan su turno en los Tribunales Federales”.
“La audiencia fue postergada para el 12 de septiembre, con el agravante de que la defensa del imputado Ricardo Chomicki pidió al tribunal sanciones: que se tenga por desistida a la querella y se le apliquen costas. Solicitud a la que adhirieron las defensas de los otros acusados por genocidio”, continúa el texto.
El comunicado cierra: “Esperamos que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación asuma con la máxima responsabilidad su actuación en un juicio histórico donde se juzga a uno de los máximos responsables del 2ª cuerpo de Ejército durante la dictadura por los crímenes cometidos en el mayor centro de detención clandestino de la provincia y que transita por las últimas instancias de su desarrollo”.
El caso de Chomicki
Uno de los puntos en los que hay diferencias entre la Sceretaría de Derechos Humanos y el resto de los querellantes es justamente en el caso de Ricardo "Cady" Chomicki, que fue detenido y llevado al centro clandestino aunque después habría colaborado y formado parte de la patota represiva.
Según señaló Rosario12, las cuatro abogadas querellantes por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y Familiares de Detenidos acusaron el lunes a Chomicki por 17 casos de secuestro, cuatro de ellos seguidos de torturas.
Las letradas Gabriela Durruty, Jesica Pellegrini, Leticia Faccendini y Daniela Asinari, recabaron 23 testimonios que juzgaron en contra de Chomicki. Uno de ellos recordó que el Cady le confió: "Estoy vivo porque mandé veintidós a la boleta". La Liga acusó a Chomicki de integrar el grupo represor que operaba en el Servicio de Informaciones en el período de mayor cantidad de detenidos, entre la segunda mitad de 1976 y la primera mitad de 1977.
Fue la única querella que decidió acusarlo. Los otros sectores, como Hijos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tienen otra visión y consideran que "quien entra víctima a un centro clandestino sale víctima".