Los concejales Héctor Cavallero y María Fernanda Gigliani, pertenecientes al bloque del Partido Progreso Social (PPS), presentaron ante la prensa dos proyectos de ordenanza directamente relacionados con la problemática de inseguridad en Rosario.
Con la inseguridad en la mira, el PPS apunta a la economía del delito
Los concejales Cavallero y Gigliani presentaron un proyecto para que la Municipalidad cree herramientas que le permitan combatir la comercialización de productos robados. También elaboraron otra iniciativa para un mejor control de las agencias de seguridad privadas
Uno de los documentos establece la creación de un departamento de lucha permanente contra la economía del delito, mientras que el otro se basa en lograr que el Ejecutivo Municipal arbitre las medidas necesarias con el fin de ejercer control sobre el funcionamiento de todas las empresas que prestan servicios de seguridad privada en Rosario y el personal afectado a las mismas.
De esta manera, los ediles aseguran que las tareas de acción delictiva disminuirán significativamente y que el municipio tendrá una razón de existencia en la lucha contra la inseguridad. Ambos proyectos se encuentran y pretenden, desde su propia esencia, ser consensuado por todas las partes involucradas: el gobierno provincial, el municipal y también los propios concejales, que los debatirán en los próximos encuentros de comisiones.
Según reza el proyecto contra la economía del delito, la Intendencia deberá crear un departamento de lucha permanente contra la economía del delito, dependiente de la subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana.
A su vez, en cada distrito deberá crearse un departamento que se dedique sólo a relevar los lugares donde se desarrollan las economías del delito. El proyecto de ordenanza presentado por Cavallero y Gigliani contempla también la formalización de un convenio con el Ministerio de Justicia Nacional y Provincial y/o con los Juzgados Federales y Provinciales, a los efectos de que designe personal de su competencia para la recepción de denuncias relacionadas los delitos que le competen en cada caso.
La base principal de la ordenanza radica en considerar que “los objetos robados alimentan, a través de la economía del delito, la economía en negro”; y en que “para combatir la llamada economía del delito, primero deben identificarse e inspeccionarse los lugares donde se desenvuelve”, tales como: chatarrerías, talleres mecánicos, locales que venden respuestos y accesorios de motos y autos, prostíbulos con posibilidad de trata de personales, locales de venta de celulares, de venta de audio para autos o de compra-venta en general.
Registro de empresas de seguridad
Por otro lado, y según la ordenanza por la regulación de empresas de seguridad privada, las mismas
deberán estar inscriptas y habilitadas por el Registró Único de Información, perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe y por la Subsecretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Rosario.
En todos los casos, la empresa debe identificar su razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico institucional y página web, además de todos los datos fiscales y demás requisitos exigidos por las dependencias Municipales, Provinciales y Nacionales y la autorización municipal expedida por la Subsecretaría.
Además, cada vigilante en servicio deberá poseer una credencial habilitante y otorgada por la empresa con conformidad del Departamento Ejecutivo Municipal, la cual deberán de llevar permanentemente para identificarse ante autoridades y cualquier ciudadano de Rosario. Asimismo, los prestadores de servicios deberán hacerlo bajo la normativa laboral vigente que genere una efectiva relación de dependencia entre el contratante y el contratado.
Los ediles Cavallero y Gigliani tuvieron en cuenta que en diferentes esquinas de la ciudad existen ciertas garitas, en las cuales se observan personas que realizan acciones de vigiladores privados, los cuales cuentan con precarias identificaciones tanto del vigilante como la empresa en cuestión.
“Es obligación del municipio realizar un estricto control de estas empresas, ya que además de ejercer el comercio, lo realizan en una actividad tan sensible como es la protección de los ciudadanos, por lo que es necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal cuente con toda la información sobre las empresas, sus titulares y las personas que prestan servicios para éstas”, destacaron los representantes por el Partido Progreso Social.