La jueza federal Laura Inés Cosidoy reiteró sus denuncias de complicidad entre las fuerza policial provincial (en los últimos días acusó a toda la Unidad Regional con sede en Villa Constitución) y confirmó que las armas robadas en el Instituto Médico Legal eran de un procedimiento por narcotráfico realizada en esa localidad y que iban a ser peritadas.