Cuando la norma legal fue votada por los ediles, el problema coyuntural de la ciudad era muy distinto al de hoy. Entonces, el proceso de urbanización había sido suspendido porque las inmobiliarias loteaban y vendían a los particulares, terrenos que no tenían los servicios elementales como gas, luz o transporte, con un criterio estrictamente monetario.
Ante esa situación, la Municipalidad debía salir en auxilio de los compradores y extender líneas de colectivo, o gestionar la llegada de las redes de gas y líneas eléctricas, para evitar que importantes sectores de la población quedaran aislados del egido urbano.
Desde la entrada en vigencia de la ordenanza del 94, se suponía que la urbanización en Rosario se produciría antes que la instalación de nuevos grupos poblacionales, pero el panorama se modificó. De hecho, algunos barrios como Santa Lucía y el ubicado en calle Mendoza al 10.000, surgieron con posterioridad a la ordenanza, en lugares desprovistos de todo y sin impedimento alguno por parte de las autoridades.
Claro que ya no se trata de compradores incautos que eligieron una zona no apta para habitar, sino de multitudinarios grupos marginales, de Rosario y de otras ciudades del norte santafesino o de la provincia de Chaco que necesitan un lugar para vivir. Así, surgieron decenas de asentamientos, en tierras públicas en su mayoría, que conviven hasta hoy con la ordenanza del 94 sin que nadie reaccione.
Para el ex concejal y actual diputado provincial (PPS) Oscar Urruty, autor de aquel proyecto de ordenanza, “si hoy se intentara reubicar en Rosario a la población que habita los asentamientos irregulares con un plan organizado, no alcanzarían las tierras disponibles, ni aún comprando a los propietarios privados”. Según Urruty, harían falta en ese caso, alrededor de “1.000 hectáreas de tierras”.
Por su parte, la secretaria de Planeamiento de la Municipalidad, arquitecta Mirta Levín, evaluó que “la cuestión no pasa por si alcanzan o no las tierras existentes, sino por la posibilidad que tiene el Municipio de encarar por sí solo un plan habitacional destinado a personas con ingresos casi nulos”.
Según la funcionaria, actualmente existen 1.100 hectáreas para urbanizar en la ciudad (entre terrenos públicos y privados), pero “la erradicación de los asentamientos irregulares –sostiene– no puede llevarse a cabo desde la Municipalidad en forma aislada, sino que debe ser fruto de un trabajo conjunto entre la Nación, la Provincia y el Municipio”.
Esta semana, el padre Osvaldo Bufarini, titular de Cáritas Rosario, adjudicó los problemas habitacionales de la ciudad a “la falta de respuestas dadas por el Estado a los más necesitados que no están en condiciones de afrontar el pago de una cuota mensual para pagar su vivienda, por más baja que sea”.