Costó mucho pero la Legislatura nacional sancionó el año pasado y por unanimidad una ley para proteger los glaciares (fuente de agua potable) del país. Pero la presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la norma y dejó sin marco regulatorio a ese recurso, que está amenazado por la minería a cielo abierto.
Por eso, la Asociación Multisectorial del Sur en Defensa del Desarrollo Sustentable presentó este martes ante la Corte Suprema una "acción de amparo ambiental" contra la demora del Poder Ejecutivo en "sancionar y promulgar" la reglamentación de la ley de protección de los glaciares.
Los abogados Andrés Gil Domínguez y María Paulina Martínez, en representación de la ONG, denunciaron al gobierno nacional por "la omisión inconstitucional que consiste en la omisión de sancionar y/o promulgar la pertinente normativa que establezca los presupuestos mínimos de protección de los glaciares y del ambiente periglacial", según publicó Critica de la Argentina.
La acción de amparo advierte que se trata de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas".
La presentación reclama el dictado de una medida cautelar de "no innovar" que ordene al Estado "que se abstenga de autorizar la realización de cualquier actividad que implique la destrucción o traslado de los glaciares y periglaciares, o bien que interfiera en su avance".
El escrito apunta esencialmente a prohibir "la liberación,dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y volumen, y la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica".
Así, se limitaría sustancialmente la "exploración y explotación minera o petrolífera" y la "instalación o desarrollo de obras o actividades industriales", sostiene la presentación, que está directamente relacionada al proyecto transnacional que la minera Barrick Gold construye entre Argentina (San Juan) y Chile.