Formalizó lo prometido. El gobierno provincial presentó una “reclamación administrativa” para que la Nación declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias –impuesto al cheque– y devuelva a la provincia los fondos retenidos “inconstitucionalmente” al finalizar la vigencia de la emergencia económica.
Deudas impagas: la provincia formalizó el reclamo ante la Nación
El gobierno santafesino realizó una presentación ante el Ministerio de Economía para que la administración kirchnerista declare la plena coparticipación del impuesto al cheque y devuelva fondos retenidos "inconstitucionalmente"
Mediante esta medida, que constituye un “trámite de cortesía” para evitar litigar ante la Corte Suprema de Justicia, la provincia propone una instancia conciliatoria para que el gobierno nacional “ordene el pago de los montos proporcionales en concepto del impuesto al cheque, devengados desde el 19 de diciembre de 2006, a partir de la sanción de la ley 26.180.
Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, mencionó que “para que la Nación pueda disponer de las detracciones tiene que crear un fondo limitado. Entendemos que si esto estaba justificado en el 2001 con la creación de un fondo de emergencia, no creemos que las razones que motivaron a la Nación a sancionar la ley se mantengan en diciembre de 2006”.
Del total de lo recaudado por el impuesto al cheque se coparticipa sólo el 30 por ciento. De coparticiparse el cien, que es lo que pide a la provincia, el cálculo de la administración Binner es que la Nación le debería a la provincia, por ese concepto, más de mil millones de pesos, que es lo que reclama.
El impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias fue establecido durante la emergencia económica de 2001, a través de la ley 25.413, para preservar el crédito público y recuperar la competitividad de la economía argentina.
Este impuesto –indirecto y concurrente según la Constitución Nacional– establecía como fecha límite de aplicación el 31 de diciembre de 2002. No obstante, merced a sucesivas prórrogas que modificaron la estructura distributiva del impuesto, se mantuvo vigente.
En febrero de 2002 se suscribió un convenio federal que resolvió modificar la estructura distributiva del impuesto al cheque. A partir de la nueva normativa (Nº 25.570), el 70 por ciento del impuesto ingresaría al tesoro nacional y sería administrado por “el Poder Ejecutivo Nacional con destino a la atención de los gastos que ocasione la emergencia pública”, el 30 por ciento restante se coparticiparía a las provincias.
Una vez normalizada la situación, a fines de 2005, nuevamente se modificó el destino de ese tributo. Mediante la ley 26.180, promulgada el 19 de diciembre de 2006, se dispuso que el fin del impuesto a los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias era “contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esta normativa sigue vigente.
En el documento, que fue expuesto ante el ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, por un estudio de abogados contratado en Capital Federal por el gobierno santafesino, la provincia solicita que “se declare la plena coparticipación del impuesto a los débitos y créditos bancarios” y “se reintegre a la provincia los recursos inconstitucionalmente detraídos desde el 19 de diciembre de 2006”.
“En caso de no tener respuesta en el término de (30) días a esta solución amistosa y previa del conflicto que motiva la presentación”, la provincia “entenderá que la vía administrativa queda descartada quedando expedita la vía de reclamación judicial”, expresa el documento.