En ese sentido, Jorge Molina, vocero de Aerolíneas por Marsans afirmó que que, si no hay acuerdo por el precio el Congreso argentino no puede obligar al grupo a que venda las compañías.
Marsans y el gobierno de Cristina Fernández firmaron el 17 de julio pasado un acta para la transferencia al Estado argentino de la participación accionarial del grupo español en Aerolíneas y sus subsidiarias. El acta estableció un período de 60 días hábiles, que vencen el próximo martes, para llegar a un acuerdo de compraventa.
Precisamente el martes está convocada una asamblea en la que se pondrá a consideración de los accionistas -Marsans y el Estado argentino como accionista minoritario con el 5 por ciento- la aprobación de los balance de 2007 y la gestión del directorio.
Molina confirmó que el martes se reunirán los directivos de Marsans y, al mismo tiempo manifestó su voluntad para que en la asamblea de accionistas se pongan de acuerdo en el precio que deberá abonar la Argentina.
"Seguramente los accionistas deciden empezar a discutir los precios en la asamblea del martes, pero en el orden del día no está el tema de la transferencia de acciones", sostuvo Molina, quien señaló que Marsans ya cuenta con su tasación, encomendada al Credit Suisse.
El Tribunal de Tasación de Argentina es el encargado de hacer la valuación para el Estado y, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo, el acta de julio establece la posibilidad de recurrir a un tercer tasador independiente cuya valuación será inapelable.
Además, según una ley de "rescate" de Aerolíneas aprobada por el Parlamento, el Legislativo tendrá que dar el visto bueno final al precio que el Estado pagará por la empresa.
"Si al Congreso se le ocurre querer comprar esta compañía por cero (pesos), yo no se la vendo", advirtió Molina, quien espera que la operación se concrete antes de finales de año porque una dilación perjudicaría a la empresa.