La decisión fue impulsada por las numerosas amenazas a magistrados que tienen a su cargo causas por violaciones a los derechos humanos y también a testigos que deben prestar declaración contra represores.
Laidea es consultar a quienes hayan sido llamados a declarar para decidir en conjunto cómo sería la custodia en cada caso. “Es necesario garantizar la debida protección de los testigos”, afirmaron.