El Estado depredador

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Dicha controversia se refiere a una milagrosa coordinación que se produce todos los días. En efecto, causa admiración comprobar que el proceso económico cotidiano funciona con la precisión de un reloj sin que la mayoría de nosotros repare en quién, cómo, cuándo, dónde y mediante qué instrumentos se realiza dicha coordinación.

Diariamente, el almacenero, el carnicero, el verdulero o el panadero abren sus puertas y tienen disponibles los alimentos que los hogares necesitan. Del mismo modo, existe una coordinación muy precisa que permite que miles de camiones cargados con cereales, oleaginosas, harinas, aceites y biodiesel lleguen oportunamente al puerto, desde lugares lejanos. También observamos que los buques de ultramar esperan en las radas –fluviales o marítimas– para cargar esos productos granarios en sus bodegas y, rápidamente los transportan a los puertos de destino donde son recibidos por fabricantes que los transforman en alimentos y los distribuyen mediante una compleja red de comercialización.

Millones de trabajadores, con millones de bienes intermedios, en millones de lugares, se coordinan todos los días para producir, transportar, distribuir y poner al alcance de millones de consumidores los millones de productos que necesitan.

Así funciona una economía moderna. Con un grado de división del trabajo jamás alcanzado en el pasado y un nuevo tipo de tecnología en todas las formas de producción, a través de sistemas de registros de datos intercomunicados por una red mundial. La economía se ha convertido en uno de los aparatos más complicados creados por el hombre y que reacciona con la máxima sensibilidad a cualquier interferencia o error en el proceso de coordinación.

Mercado o Planificación

Desde que se tuvo conciencia de esta compleja coordinación del proceso económico, ha habido un acuerdo científico en señalar que existen dos únicas formas de coordinación: el mercado o la planificación estatal.
Ludwig von Mises (1881-1973) afirmaba que “simplemente no hay otra opción que ésta: que el Estado se abstenga de interferir alterando el libre juego del mercado, o que se delegue el manejo completo de la producción y distribución en los funcionarios del gobierno. Ya sea mediante el orden de la competencia, que coordina el interés individual con el interés general, o la dirección centralizada del proceso económico en manos del Estado, no hay otro camino intermedio”.

Sin ninguna duda la función coordinadora del mercado ha sido infinitamente superior a la tarea de dirección de la planificación estatal, caracterizada por su brutalismo, impregnada de errores e ignorancia, plagada de despilfarros y enlodada por la corrupción de los gobiernos, tal como lo experimentó la Unión Soviética con los planes quinquenales desde 1921 a 1989, en que el Gosplan (Comité Estatal de Planificación de la URSS) terminó grotescamente.

Es obvio que el funcionamiento del mercado sólo produce resultados óptimos cuando opera dentro de un régimen de sana competencia y, legalmente se impiden los intentos de fraude, engaño, violencia o predominio mediante el monopolio. La sana competencia requiere y depende de condiciones morales que pueden condensarse en estas tres simples reglas: posesión pacífica de los bienes, transmisión por consenso y cumplimiento de las promesas. Como decía Wilhelm Röpke (1899-1966) “la intervención estatal es necesaria para respetar y hacer cumplir esas reglas, pero es esencial que se haga “conforme” al mercado, es decir dentro de leyes que permitan la libre competencia, nunca en contra de ella”.

La tercera vía

En algunos países se intentó seguir una tercera vía bajo los lemas: “Ni mercado ni planificación central”, “tercera posición”, “plan y antiazar”. El caso más importante fue la experiencia francesa de la “planificación indicativa” desarrollada entre 1952 y 1973. Fue concebida como un método científico basado en modelos econométricos, que tenían en cuenta la programación lineal, las teorías secuenciales y el empleo de la matriz input-output para pronosticar el futuro. Intentaban eliminar la incertidumbre para que la economía funcionara mecánicamente.

Mediante esos modelos los ingenieros sociales franceses pretendieron llevar a cabo una acción deliberada para asignar recursos a cada sector al margen de las fuerzas del mercado.

El método consistía en realizar un gigantesco estudio de mercado entre todos los sectores de la economía nacional y todas las regiones del país. Su autor intelectual fue Pierre Massè (1898-1987) un notable matemático experto en teoría del azar, programación dinámica y principio de mínima de Pontriagyn, acompañado por Louis Armand (1905-1971) y Jean Fourastiè (1907-1990). Tales científicos diseñaron una política económica que no suprimía la libertad de empresa, pero indicaba a los agentes económicos las directrices que el Gobierno y el sector público iban a seguir en el próximo quinquenio. Recibió el nombre de planificación indicativa para distinguirla de la planificación centralizada forzosa, de la Unión Soviética. Sin embargo, la experiencia francesa fracasó estrepitosamente porque en 1973 la primera crisis del petróleo hizo estallar todas las previsiones globales. Allí comprobaron que el crecimiento económico -después de la IIª guerra mundial- hubiese ocurrido mucho mejor sin la planificación indicativa. Pero la rigidez burocrática que impuso a la economía francesa terminó liquidando todo resto de espíritu innovador y anulando los reflejos de adaptación para enfrentar una imprevista crisis mundial.

Experiencia argentina

Desde hace 5 años, el gobierno argentino ha decidido seguir una cuarta vía, la vía del SIN.
Sin mercados libres. Sin plan quinquenal. Sin planificación indicativa. Sin estadísticas confiables. Sin reglas políticas. Sin garantías constitucionales. Sin estabilidad monetaria. Sin razonables impuestos a la exportación. Sin relaciones internacionales de jerarquía. Sin contactos con organismos mundiales de crédito. Sin parlamento autónomo. Sin justicia dispuesta a poner limites. Sin seguridad personal en la vía pública o en el hogar. Sin pudor en las licitaciones. >

Durante estos años, el Estado argentino se ha ido convirtiendo en un verdadero Estado depredador, que es aquel donde sus gobernantes se dedican a preservar sus intereses particulares mediante el pillaje, el saqueo impositivo y la devastación de las instituciones, imponiendo su poder omnímodo con la complicidad del Congreso y la sumisión de la Justicia.

Con confiscaciones impositivas, exacciones injustas, presiones políticas de organismos reguladores y movilización de fuerzas de choque reclutadas en la clientela asistencial, nuestro Estado depredador ha dirigido la economía pensando sólo en el corto plazo. Su máximo umbral de horizonte se encuentra en la próxima elección. Hasta allí estiran sus enfoques, pero ni un metro más allá.

Esta parcial visión de la realidad sólo tiene en cuenta el aspecto político, ignorando todas las demás cuestiones por donde transcurre la vida real de las personas: los aspectos culturales, económicos, religiosos, científicos, tradicionales, familiares, emocionales y regionales que definen el estilo de vida elegido por los ciudadanos.