En conversación con Radio 2, Ricardo Río, vocero oficial del Foro por una Argentina sin armas ilegales señaló: “Los datos oficiales del Registro Nacional de Armas marcan que menos del 1 por ciento de los delitos se cometen con armas de usuarios legítimos”. Así manifestó su postura a favor de que en la mayoría de los sucesos violentos relacionados al uso de armas, están involucrados sujetos que portan armas de fuego de manera ilegal.
En cuanto al caso Gambacurta, consideró que este tipo de hechos pueden darse cuando la persona que porta el arma no se encuentra psíquicamente sana. Sin embargo, destacó: “Más allá de lo crítico del tema, es mejor tener las personas registradas que prohibir las armas porque se va a formar un círculo negro”, puntualizó Río.
Además, hizo hincapié en la necesidad de una política estatal que apunte al registro de las armas “si queremos diferenciar las armas negras con las que se cometen delitos de las que están autorizada. Los que tenemos armas de forma legal, asumimos una actitud responsable y por eso creemos que el estado debe saber quién tiene qué arma”
Campaña nacional de canje de armas por dinero
El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, anunciado por el presidente Néstor Kirchner el año pasado, tomaría forma en breve, de acuerdo a lo que dejaron trascender fuentes del Ministerio del Interior. Esta iniciativa plantea la entrega al estado de las armas registradas o ilegales a cambio de un monto que oscilaría entre los 100 y los 450 pesos y su posterior destrucción.
La Ley 26.216 fue aprobada por el Congreso el 20 de diciembre último, y el precio sería fijado por personal del Registro Nacional de Armas (Renar). El proyecto de decreto de reglamentación de la ley establece pagos diferenciados, con cheques al portador, según el tipo de arma y su estado en el momento de la entrega.
El vocero del Foro por una Argentina sin armas ilegales manifestó una postura de reflexión al respecto, al considerar: “Toda campaña que promueva entrega de armas ilegales es una propuesta que hay que seguir pero lo que nos preocupa el hecho de que sea una cubierta al punto de que no se periten las armas que se entregan”, opinó. “Además no debería ser económico el incentivo. Podría ser mediante la entrega de bonos para alimentos, de descuentos en los impuestos o de becas de estudio porque de lo contrario, caemos en riesgo de que la persona que reciba el cheque pueda comprar nuevamente un arma y seguimos manteniendo el circuito ilegal”, sostuvo.
Finalmente consideró que la inutilización del arma posterior a la entrega es otro punto débil de la campaña: “Debería haber un mínimo resguardo legal para asegurar a la sociedad de que no queden hechos impunes”, manifestó en torno a la posibilidad de que con el arma que una persona entrega se haya cometido un delito.