En el artículo segundo, se decreta que “los fondos iguales a los recaudados y a recaudarse en los años 2008 y 2009 en concepto de derechos de exportación a las distintas variedades de soja que superen el treinta y cinco por ciento (35%), neto de las compensaciones fijadas por las Resoluciones del Ministerio de Economía y Producción Nros. 284/08 y 285/08, se destinarán a la constitución del programa de redistribución social creado por el artículo anterior”.
Según el decreto publicado, la administración del programa de redistribución social se encontrará a cargo, en forma conjunta, de la ministra de salud, del ministro de economía y producción y del ministro de planificación federal, inversión publica y servicios, quedando asimismo facultados para dictar las normas complementarias que resulten necesarias a los fines de la complementación de las disposiciones del presente decreto.
Los fondos serán destinados en distintos porcentajes: a) hospitales públicos y centros de salud: sesenta por ciento (60%). b) viviendas populares urbanas o rurales: veinte por ciento (20%). c) caminos rurales: veinte por ciento (20%).
En sus fundamentos, el decreto señala que “los precios de referencia mundiales para casi todos los productos agrícolas se encuentran en niveles récords, así como el valor del barril de petróleo. El conjunto de causas estructurales o coyunturales, pasajeras o permanentes que han actuado persistirán en mantenerlos en valores promedio superiores al decenio pasado”.
Además, entre otras cosas, el gobierno sostiene en el Boletín que la expectativa de recaudación ronda los ochocientos millones de dolares (U$S 800.000.000) para el corriente año y los mil trescientos millones de dolares (U$S 1.300.000.000) para el año 2009, “sumas hasta las que actuará así directamente el Programa creado, con cualidad redistributiva y función claramente social. Que con un criterio estrictamente federal, buscando igualar las oportunidades de todos los habitantes de la Nación, es necesario destinar esas sumas a obras que impacten en la salud pública, las condiciones de vida y la mejora de la infraestructura puesta al servicio del país productivo”.