Evolución del desempleo en el segmento 2003-2006

La desocupación es un flagelo que viene azotando a nuestra economía desde mediados de la década del 90’, con los consiguientes perjuicios en términos de distribución del ingreso y bienestar social. En rigor, desde la medición de mayo de 1994 la tasa de desempleo se ha ubicado siempre en dos dígitos, e incluso en la etapa posdevaluatoria, cuando se declaró el default más grande de la Historia que nos aisló momentáneamente del resto del mundo, ha tenido períodos en los cuales ha superado el 25%.

No obstante, a partir del año 2002, con la alteración del régimen cambiario, se produjo una redefinición de las funciones de producción en las empresas que operan en nuestro país, que ha contribuido a reducir en gran medida estos niveles de desocupación. La mano de la obra, en términos relativos con lo observado en la década pasada, se tornó más barata que el capital y esto, en combinación con el robusto crecimiento económico del período 2003-2006, derivó en la creación de aproximadamente 3 millones de puestos de trabajo (20% de crecimiento en el empleo), lo que permitió que nuestro país haya alcanzado la mayor tasa de empleo (relación entre empleados y población total) en su evolución histórica con un 41.8%.

Desde el punto de vista económico, este dinámico escenario del mercado laboral se explica a través de la realzada performance que ha exhibido la elasticidad producto–empleo, la cual mide la variación porcentual en el empleo en relación al crecimiento del PBI. Esta medida de sensibilidad, en la era posconvertibilidad se ubicó en torno a 0.7 (lo que implica que por cada punto que crece el producto el empleo lo hace a una tasa de 0.7%), mientras que en la última década del siglo XX este coeficiente excepcionalmente superó niveles de 0.5.

En este contexto, el cambio rotundo en la organización productiva de las empresas, conjuntamente con la excesiva capacidad ociosa que ha enfrentado el grueso de los sectores productivos luego de la debacle de 2002, ha llevado a que la tasa real de desempleo (esto es sin considerar como ocupados a aquellas personas que reciben planes sociales) se reduzca de acuerdo a mediciones oficiales del 26.6% en el primer trimestre de 2003 a un 12.8% en el segmento abril-junio del año en curso.

En lo que concierne estrictamente a la injerencia de los planes sociales, en la Tabla y Gráfico Nº 1 se observa la menor incidencia que éstos han tenido en el segmento bajo estudio, tomando como referencia la tasa de desocupación que divulga el gobierno (que incluye en forma ficticia a los beneficiarios de planes como personas con empleos genuinos) y la que no contempla a los beneficiarios de planes jefes y jefas de hogar como ocupados. En rigor, se advierte que en el segmento enero-marzo de 2003 la brecha era superior al 6%, en tanto que en el segundo trimestre del año en curso esa diferencia se achicó a poco más del 2%.
En términos absolutos, a comienzos de 2003 los beneficiarios de planes superan los 2,3 millones de personas, en tanto que en el presente se acercan a 1,2 millones.

Perspectivas para el mercado laboral en el corto plazo

A pesar de la sorprendente dinámica que ha mostrado el empleo en los últimos años, romper la barrera psicológica del 10% del desempleo (el último registro data de octubre de 1993 cuando se ubicó en el 9.3%) luce como una tarea de difícil concreción.

La razón para esta afirmación estriba, en primer término, en que la tasa de actividad, la cual refleja qué porción de la población total trabaja o no lo hace y busca empleo, se halla en un pico histórico con un 46.7% (ver Tabla y Gráfico Nº2). En otras palabras, esto significa que actualmente cerca de la mitad de la población argentina tiene intenciones de ser parte del mercado laboral.

Paradójicamente, en épocas de prosperidad económica la tasa de actividad juega en contra a la hora de reducir la tasa de desempleo, toda vez que el efecto desaliento para buscar empleo disminuye, acrecentando la porción de la población que se toma en cuenta para medir el desempleo.

La segunda justificación que podría retardar el objetivo de desempleo en un dígito, radica en que el ritmo de crecimiento de la economía inexorablemente se desacelerará en los años venideros, y con ello la generación de empleo. En relación a este aspecto, debe tenerse en cuenta que si la expansión de la actividad es exigua (por debajo del 4%), la capacidad para generar nuevos empleos apenas podrá satisfacer la demanda de aquellos que se van insertando en el circuito laboral, no habiendo cabida para reducir en términos netos el número de personas desocupadas.

Una cuestión adicional que no debe soslayarse se refiere a que, al cerrarse la brecha productiva en diversas ramas de la industria, las inversiones en capital físico resultan inevitables para expandir la capacidad productiva. Esta secuencia ulteriormente puede reducir la elasticidad producto-empleo, aunque con el beneficio implícito de una mayor productividad en la economía, que actúa como un control genuino sobre los precios.

La debilitada estructura del mercado laboral y sus consecuencias

A pesar de la visible mejoría que en los últimos tres años ha evidenciado el mercado de trabajo en términos cuantitativos, subsisten serios problemas en términos cualitativos que lejos están de ser solucionados.

Como se aprecia en la Tabla y Gráfico Nº3, si a la tasa de desocupación que existe en la economía se le suma aquellas personas que trabajan menos de seis horas diarias, y que estarían dispuestas a extender su jornada laboral, se advierte que al segundo trimestre de 2006 una de cada cinco personas que integra la Población Económicamente Activa (PEA) registra carencias en el ámbito laboral, equivaliendo en términos absolutos a aproximadamente 3 millones de personas.

La tasa de déficit laboral, si bien se ha reducido a prácticamente la mitad desde la reversión del ciclo económico, en los últimos trimestres ha mostrado un amesetamiento en torno al 20% que difícilmente puede reducirse en el corto plazo.

Por otro lado, al analizar la calidad de los empleos en nuestro país, la situación es realmente preocupante.

Tomando los últimos datos oficiales disponibles (verTabla y Gráfico Nº4), correspondientes al período abril-junio de este año, se observa que más del 44% de los trabajadores no se encuentran registrados, configurándose un mercado laboral dual.

Esto implica que aproximadamente 4,5 millones de trabajadores bajo relación de dependencia que viven en los centros urbanos del país se encuentran en situación irregular (con ocupaciones de segunda categoría y muy baja productividad) y, por ende, sin acceso a una cobertura social, a un seguro contra accidentes laborales y a una jubilación en el futuro.

En el trienio 2004-2006, los avances en lo que atañe a la calidad del empleo han sido leves, habiéndose registrado una contracción de tan sólo 4 puntos porcentuales, lo que deja a las claras la dificultad que tiene el gobierno para combatir este flagelo y retornar a los niveles precrisis cuando la participación del empleo en negro, si bien era elevada, era inferior al 40%.

En este sentido, hay que aclarar que a esta situación de fragilidad laboral se ha llegado tras un cúmulo de medidas desacertadas que ha desincentivado la contratación de trabajadores en blanco, dictadas, en primer término, por la administración Duhalde en el año 2002 y profundizadas por el gobierno de turno.

Entre las controvertidas disposiciones, se destaca fundamentalmente los reiterados aumentos no remunerativos (concedidos hasta comienzos del año pasado y que luego se han interrumpido por temor a una estampida inflacionaria) que alientan la informalidad, porque de lo contrario muchas actividades, especialmente las relacionadas con las Pymes, se tornan inviables. Afortunadamente, la administración Kirchner ha tomado nota de esta falencia y lo ha corregido a través del establecimiento de negociaciones colectivas entre el empresariado y los sindicatos, las cuales otorgan grados de libertad a la hora de la determinación de las remuneraciones en un sector.

Una segunda medida que ha estimulado la contratación irregular de mano de obra se relaciona con el sostenimiento de la indemnización extra, que en un comienzo fue doble y ahora se ubica en el 50%, como presunto mecanismo de defensa de los trabajadores ante despidos masivos sin justificación. Esto último, lo único que ocasiona es un mercado laboral más rígido con notorios perjuicios en materia de productividad y competitividad.