Los magistrados Alfredo Bisordi, presidente del Tribunal, Gustavo Hornos, Ana María Capolupo y Eduardo Riggi, fueron denunciados ante la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura y los querellantes adelantaron que podrían extender el pedido para los 12 integrantes de la cámara.
En este sentido, la titular de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, Diana Conti, afirmó ayer que el reclamo de remoción de los cuatro jueces se basa en argumentos "sólidos y fundados".
"En el Consejo de la Magistratura ya existía un expediente de control de la Cámara y existe un diagnóstico como antecedentes", explicó Conti.
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura ahora deberá determinar si abre el proceso contra los jueces y los suspende como lo solicitaron las organizaciones de derechos humanos.
En su presentación, los abogados adujeron que los camaristas demoran la resolución de planteos en el marco de causas relacionadas con la ESMA, el Primer Cuerpo del Ejército y el Plan Cóndor y que, basándose en el tiempo transcurrido, benefician con excarcelaciones a muchos de los procesados.
El titular del Tribunal, Alfredo Bisordi, ya había sido cuestionado por los legisladores porteños, quienes avanzaron en una declaración de repudio por sus manifestaciones contra una ex detenida desaparecida del centro de detención de la Esma.
Bisordi llamó "delincuente terrorista" a una sobreviviente de la Esma y "utilizó términos descalificativos al referirse a los organismos de derechos humanos", señalaba la resolución presentada ante la Legislatura por los representantes de Autodeterminación y Libertad.
El presidente del Tribunal, quien fuera el primer juez de instrucción en la causa sobre el atentado en la embajada de Israel en 1992, se ganó también la queja de entidades judías al poner en duda la existencia de un coche bomba en el ataque.
Sobre la jueza Ana María Capolupo, esposa de Francisco Durañona y Vedia, dirigente de la Ucedé y defensor de las políticas menemistas, pesan sus propias declaraciones al asumir el cargo en el Tribunal Penal cuando reconoció públicamente que de derecho penal no "sabe" pero que "va a aprender".
Los representates legales de las 61 víctimas que hicieron la presentación ante el Consejo de la Magistratura, cuestionan la reciente liberación de Jorge Olivera Rovere, segundo de Guillermo Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército, quien está acusado de 180 desapariciones y asesinatos.
Conti señaló también que a los jueces se les adjudica, además, haber firmado convenios con la Armada, asistir a misas oficiadas por el ex obispo castrense Antonio Basseoto y la utilización de instalaciones del edificio de la Armada.
"Se les imputa que ideológicamente están comprometidos con la postura de los represores", resumió Conti.
La legisladora recordó que estos jueces fueron nombrados por el ex presidente Carlos Menem y que la nómina de designados provocó la renuncia del por entonces secretario de Justicia, León Arslanián.