“No hay relación entre la oferta y las necesidades educativas en Argentina, y ni hablar de las necesidades sociales”, subraya Patricia Redondo, pedagoga especialista en temas de infancia, educación y pobreza. En el país hay alrededor de 1 millón de niños de entre 0 y 2 años mientras la oferta, a nivel privado y público, no supera las 10.000 vacantes.

La educación inicial, esa que contiene a niños y niñas desde que son bebés de 45 días, no sólo cumple con la función de asistir y acompañar desde la comunidad a madres y padres que trabajan; también brinda herramientas para el desarrollo y podría colaborar a corregir desigualdades estructurales, aunque para eso el Estado debería asumir su compromiso en esta etapa vital.

El acceso a la educación temprana en la Argentina es una “deuda inconmensurable”, coinciden las fuentes consultadas. Una deuda que terminó de quedar en rojo durante la década del ‘90 con la famosa ley de reforma educativa.

“Es seria la falta de jardines maternales que, en realidad, deberían ser la vedette de la educación”, subraya Redondo.

La educación maternal es la única franja de formación que no está regulada por el Estado –salvo en la Ciudad de Buenos Aires–. La ley vigente, sancionada en 2006, señala que es obligatoria la educación pública a partir de los 5 años, al tiempo que declama la universalización de las salas a partir de los 45 días. Es decir, no modifica la polémica ley federal sancionada en 1993, que se tragó de un bocado la tradición argentina que data de los años ‘60, y cuida, valora y promueve que la educación pública acompañe sostenidamente esta etapa de la vida. Desde entonces, el Estado debe brindar educación a partir de los 5 años.