“Patentar un producto o un procedimiento es un derecho que todo inventor posee para evitar que terceros imiten, vendan o distribuyan esa invención. Por tanto, es fundamental que los investigadores conozcan cuáles son las formas de protección y se inserte en las universidades el debate sobre qué es patentable y que no”, expuso la doctora en Ciencias Biológicas, Amalia Koss, que disertó en el “Seminario sobre Protección de Invenciones Biotecnológicas”, organizado por la Secretaría de Estado de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la provincia de Tucumán (Sidetec).

Además del rédito económico que pudiese generar una invención, Koss sostiene que la discusión de estos temas en los centros de investigación puede ser generadora de normativas internas que regulen los modos de negociar las invenciones. “Cada universidad debe prever qué hará con sus desarrollos, cómo va a distribuir las regalías, cómo va a transferir un determinado producto o procedimiento con el objetivo final de apropiarse de las invenciones”, opinó la especialista bonaerense,

“El descubrimiento de un nuevo proceso para la obtención de un vino o de una leche fermentada, por poner ejemplos, son invenciones biotecnológicas. Lo importante es saber que esas fórmulas o invenciones tienen tanto para el inventor como para la universidad, además del valor del conocimiento, un valor económico que aparece cuando se transfiere al medio, a la sociedad. Es decir, siguiendo el ejemplo, cuando la idea se convierte en un producto que se ofrece al mercado”, explicó Koss.

Bajo el concepto de que la idea cobra valor cuando se transfiere al medio, el modo de asegurarse que los réditos queden en el país, en la universidad o para el inventor es la aplicación de métodos de protección de las invenciones. Desde esa óptica, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, impulsa el debate sobre los modos que existen para protegerlos.

La doctora Koss agregó que los avances en materia de biotecnología no siempre son acompañados por una legislación adecuada para el sector. No obstante, Argentina, con la modificación de la ley de patentes en 1996, incluyó la protección de invenciones de esta área científica. “Esa ley y la ley de semillas son suficientes para actuar. Pero habría que profundizar la cuestión para que la reglamentación sea más clara. Desde el Estado, concretamente la Secretaría de Agricultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) están discutiendo estos temas para mejorar las políticas. Estos son temas que requieren un permanente debate”, destacó.