El juez José Castro instruye el llamado "caso Nóos", sobre el supuesto desvío de seis millones de euros de fondos públicos a un instituto creado sin fines de lucro que entre 2003 y 2006 presidió Iñaki Urdangarin, el marido de la infanta, quien ya declaró dos veces ante el magistrado como imputado por el delito. El juez desafectó a la infanta del delito de corrupción pero no así del delito fiscal.
En un dictamen, el juez Castro, de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, pidió a la Agencia Tributaria que amplíe la investigación sobre supuestas irregularidades fiscales de la segunda hija del rey, además de más datos sobre Urdangarin.
El magistrado decidió incorporar a la causa varias declaraciones de la renta de la infanta y reclamó a la Agencia que aclare cualquier contradicción en un informe emitido el 14 de enero sobre la "intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener doña Cristina".
En especial "si ha podido hacer uso para la rehabilitación de su vivienda de Barcelona u otras atenciones personales y familiares de fondos derivados" de una empresa llamada Aizoon, con la que Cristina y Urdangarin, duques de Palma, gestionaban su patrimonio.
Además, el juez solicitó a la autoridad fiscal que informe de las cuentas corrientes de las que la infanta sea titular o en las que aparezca como apoderada, así como de bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular.
Asimismo, pidió a la Agencia Tributaria que "cuantifique la cuota supuestamente defraudada" por Urdangarin en los ejercicios de 2007 y 2008".
El pasado 7 de mayo la Justicia española retiró a la infanta Cristina la condición de imputada en el supuesto caso de corrupción que afecta a su esposo, pero mantuvo la posibilidad de proceder contra ella por un presunto delito fiscal.
El juez Castro ya había rechazado los recursos de los abogados de la infanta Cristina y Urdangarin contra su decisión de incorporar a la causa varias declaraciones del Impuesto de la Renta de ambos.
La segunda hija y el yerno del rey Juan Carlos adujeron que investigar esas declaraciones de la renta vulneraba su derecho a la intimidad, pero el magistrado replicó que se trata de aclarar hechos de "obvia trascendencia" y que forma parte de la instrucción del caso.