Descartada ya la hipótesis de robo, la Justicia investiga dos llamados que el sindicalista Abel Beroiz no atendió antes de sufrir el ataque que lo llevaría a la muerte.

El juez que investiga la causa por el crimen del tesorero del sindicato de camioneros a nivel nacional, quien fue ultimado el martes pasado en Rosario, no investiga ya la posibilidad de que se haya tratado de un crimen común. Se suman pistas que indican que se trató de un asesinato por encargo.

Las amenazas que recibió Beroiz (secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y tesorero de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros) hacen que la principal sospecha apunte a una pelea gremial como trasfondo de la agresión.

La teoría de que el asesinato de Beroiz, quien tenía 71 años y era oriundo de Venado Tuerto, se produjo como un hecho delictivo simple “ni siquiera es investigada”, confirmó al diario Perfil una alta fuente judicial que adhiere a la teoría de un crimen por encargo cometido por “asesinos inexpertos”. “Iban a matarlo, dejaron una fotografía de la víctima en una carpeta”, señaló la fuente.

Beroiz estaba a cargo manejo contable del dinero de Camioneros en la provincia, calculado en 17 millones de pesos y de la Federación que maneja a nivel nacional alrededor de 250 millones de pesos, subsidios oficiales incluidos.

En Venado Tuerto, había conseguido un predio de cinco hectáreas, valuado en medio millón de pesos, para la edificación de un polideportivo recreativo apodado El Country. Además, habría adquirido por una cifra cercana a 250 mil pesos el quebrado Sanatorio Casay, de esa misma ciudad, y un edificio para una nueva sede de la entidad gremial.

Las investigaciones se centran, en esta etapa, en dos llamados que Beroiz recibió cerca de las 5.50 de la mañana, antes del feroz ataque, sin que nadie lo atienda. Luego, el sindicalista no desayunó en Hotel Plaza, algo que siempre hacía. Y fue atacado pasadas las 6.30 cuando iba a retirar su auto de las cocheras subterráneas del Automóvil Club Argentino, ubicadas en San Juan y San Martín.  

Los hechos sucedidos en la madrugada del martes pasado fueron presenciados al menos por cinco testigos, quienes los relataron a la Justicia. Iliana Beroiz, hermana menor de la víctima, reveló públicamente que Abel recibió amenazas de muerte. Fue citada por la Justicia para prestar declaración testimonial pero no concurrió.