La decisión de la Corte Suprema de Justicia –aún no tiene fecha de votación –, sería complementaria de la posición del Gobierno sobre la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal, que consiste en no sancionar penalmente al consumidor sino en tratarlo en el sistema de salud, y optimizar así la persecución judicial de los vendedores de estupefacientes.

De acuerdo a una nota periodística publicada por el diario Clarín, el máximo Tribunal está cerca de anticiparse al Congreso en la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal. El caso que estudia la Corte contaría ya con dos los jueces que tienen listos sus votos, y al menos otros dos estarían de acuerdo en apoyar el planteo, lo que ya constituye una mayoría.

La posición de la Corte sobre el tema a lo largo de la historia , tuvo sus variantes. En 1978, durante la dictadura, estableció en el caso "Colavini" que era constitucional sancionar la tenencia de drogas para uso personal. En 1986, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte volvió a examinar el problema y firmó el fallo "Bazterrica", donde declaró inconstitucional la penalización de la tenencia de estupefacientes en pequeñas cantidades. Pero en 1990, durante el gobierno de Menem, una Corte con otra composición retomó el criterio del caso "Colavini" y volvió a penalizar la tenencia.

Ahora la Corte, con una composición distinta a la de esos años, podría retornar los argumentos del fallo "Bazterrica" y despenalizar la tenencia para consumo personal por tratarse de "actos privados de los hombres, que no ofenden la moral pública o afectan a terceros", y por lo tanto escapan a la acción de los jueces, como establece el artículo 19 de la Constitución.

Según fuentes del Tribunal, hay dos jueces que ya tendrían estudiado el caso: Raúl Zaffaroni, quien redactó el primer borrador, y Juan Carlos Maqueda. Entre los otros miembros de la Corte se encuentran Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton.

En tanto, Carlos Fayt, ya tomó postura sobre el tema en 1986, al votar en disidencia con Petracchi, Augusto Belluscio y Jorge Bacqué. Y en 1990, cuando se sumó a la mayoría y avaló la penalización. Se espera que ahora repita estos argumentos.

La Corte trabaja sobre un caso que tiene su origen en Rosario y que fue iniciado por dos personas, de apellido Villacampa y Mindurry, quienes apelaron una sentencia de la justicia de Rosario, confirmada por la Cámara de Casación, que los condenó a uno y dos meses de prisión en suspenso por "tenencia de estupefacientes para consumo personal". La causa se había iniciado cuando la policía los encontró con un cigarrillo de marihuana a cada uno.