“La Defensoría del Pueblo terminó siendo un lugar de puestos nombrados por simpatía con el gobierno, se ha desnaturalizado el rol de este organismo, con una estructira estancada en sus categorías superiores donde cobran unos siete mil pesos mensuales. Hay nombramientos temporarios y contratos hechos a último momento que hicieron que se abrieran muchas sucursales que no está mal que así sea pero se desnaturalizó la estructura de esa forma y la de los funcionarios”, manifestó en contacto con el programa Diez Puntos de Radio 2.
La Defensoría del Pueblo en la mira por denuncias de irregularidades
La diputada provincial Alicia Gutiérrez sostuvo que durante la gestión de Carlos Bermúdez se realizaron contratos irregulares, se crearon sedes en diferentes lugares sin funciones precisas e incluso, se usaron fondos para el pago por el dictado de charlas que, según la legisladora, no corresponden al organismo. Propone la participación de la comunidad en la elección del nuevo ombudsman
Desde su banca en la Cámara de Diputados de la provincia, Alicia Gutiérrez (SI), señaló el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, denunciando una serie de irregularidades graves. En tanto, propuso que, a partir de esta elección de un nuevo defensor, la población tenga participación y que pueda opinar acerca de los nombres propuestos para ocupar ese cargo.
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De acuerdo a lo que destacó la legisladora, sólo “en Rosario y Santa Fe hay unas 220 personas trabajando. Son de la gestión de Jorge Obeid pero son de la gestion de obeid pero el defensor (Carlos Bermúdez) terminó el 31 de noviembre de 2007 y durante todo este tiempo siguió haciendo contratos a personas que a lo mejor son idóneas pero a lo mejor no”, señaló.
Entre otras irregularidades, Gutiérrez observó “el pago con dinero proveniente de organismos internacionales sin ser aprobado por la Legislatura”. En concreto, la diputada del SÍ indicó que el organismo recibió dinero del llamado Fondo del ombudsman con sede en Venezuela, del tesoro provincial, de instituciones extranjeras, del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Ministerio de Bienestar Social. que “utilizó para pagarle a sus propios empleados por charlas sobre violencia familiar” y ñadió: “Son cursos muy interesantes pero no sé si son funciones que le corresponden”.
La legisladora advirtió que esta serie de cuestiones las dejaron plasmadas en pedidos de informes presnetados en la Cámara de Diputados. “Queremos saber qué grado de resolución a las demandas de los ciudadanos han tenido durante todo este tiempo”, agregó.
En tanto, la diputada propuso dar un golpe de timón y cambiar las cosas de ahora en adelante. Para ello, propuso la participación de la población en la elección del nuevo defensor. “Queremos que sea el mismo sistema que el utilizado para elegir los jueces de la Nación. Me parece que la ciudadanía puede participar emitindo una opinión y después elevar los pliegos a la Legislatura”, explicó.
“El nuevo defensor tiene que estar alejado del tema partidario para que no sucedan estos hechos que ocurrieron con el gobierno anterior”, concluyó.