Un tribunal porteño confirmó un fallo que obliga a una obra social a cubrir un tratamiento de fertilización in vitro que se realizará una pareja de asociados.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un recurso presentado por la ObSBA y ratificaron lo planteado en una instancia previa a fines del año pasado. Los jueces afirmaron que la infertilidad "impacta de modo negativo en la salud psíquica de las personas que la padecen". .
La sentencia, reproducida por Clarín.com, beneficia a Marcelo Roberto Ayuso (42 años y empleado del gobierno de la Ciudad) y Marisa Liguori (37). El fallo del tribunal reconoce un máximo de cinco tratamientos (a un valor de 10.300 pesos cada uno) en un centro elegido por ellos mismos.
"La imposibilidad de procrear es una deficiencia que puede afectar en forma real y efectiva la calidad de vida siendo que la salud reproductiva involucra la salud psicofísica de ambos cónyuges, además de su derecho a procrear", plantearon los jueces.
Pese a la falta de leyes y normas que regulen los tratamientos de fertilización, para el tribunal "el Estado se encuentra obligado a paliar las deficiencias que impiden la reproducción natural de una persona y no solamente a sostener a aquellos que no se ven afectados por impedimento en su función reproductora".