La Justicia ordenó este viernes la clausura de cuatro de los seis pabellones del Instituto de Recuperación de Adolescentes de Rosario (Irar). El juez de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, Alfredo Ivaldi Artacho, ordenó al Ministerio de Gobierno de la provincia que en un plazo de siete días desaloje y clausure esos espacios por considerar que las condiciones en que viven los menores "son cuanto menos indignas y degradantes, y probablemente signifiquen y generen un riesgo cierto a su salud psico-física", según consta en el fallo, en donde también se indica que no se han realizado ni están en proceso las obras de refacción prometidas en el lugar.
La Justicia ordenó la clausura de cuatro de los seis pabellones de Irar
El juez Alfredo Ivaldi Artacho tomó la decisión tras una recorrida por el Instituto de Recuperación de Adolescentes de Rosario, en donde constató las condiciones "indignas y degradantes" en las que viven los menores allí alojados
El juez aceptó de esta manera el hábeas corpus presentado por el defensor del Pueblo de Santa Fe, Carlos Bermúdez, en el que se planteaba que la situación de vida de los menores en Irar "iba en contra de la normativa nacional e internacional sobre las condiciones de alojamiento de los menores privados de su libertad".
La decisión del magistrado llega luego de que realizara el miércoles pasado una nueva inspección en el lugar y constatara las malas condiciones de algunos pabellones. En ese recorrido, el juez confirmó que en Irar se alojan 72 internos cuando la capacidad total oscila entre los 65 y 69, extremo al que se llega tras la transferencia de los chicos detenidos en el CAT, cerrado en agosto de este año. También recorrieron el lugar legisladores provinciales, quienes registraron el estado del lugar (ver fotos).
Además, tal como figura en el fallo, Ivaldi Artacho constató en su recorrido la existencia de celdas con inodoros inutilizados, baños inundados, colchones mojados por filtraciones y suciedad, entre otras características. A tal punto que en sus considerandos el magistrado establece que "es dificultoso encontrar calificativos adecuados a las verificaciones observadas directamente en el lugar".
Ivaldi Artacho designó además a la Defensoría del Pueblo de la provincia y a la Secretaría de Derechos Humanos santafesina como intermediarios de buena voluntad entre las autoridades del Ministerio de Gobierno y el juzgado.