No los une el amor si no el espanto al gobierno. Los cuatro principales bloques de la oposición anunciaron la presentación de un pedido de juicio político contra el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, bajo la acusación de que afectó "el principio de independencia del Poder Judicial".
La oposición se une para pedir el juicio político del jefe de Gabinete
La UCR, el PRO, el peronismo federal y la Coalición Cívica anunciaron la presentación de un proyecto para remover a Aníbal Fernández, a quien acusan de no respetar la independencia del Poder Judicial. "Lo queremos en el banquillo de los acusados", dijo Elisa Carrió. De todos modos, no tienen el número suficiente de legisladores para sancionar la iniciativa
La iniciativa que propone enjuiciar al funcionario con el propósito de removerlo fue firmado por los presidentes de los bloque del radicalismo, Oscar Aguad; del peronismo federal, Felipe Solá; del PRO, Federico Pinedo, y de la Coalición Cívica. Los cuatro, junto con otros legisladores, dieron una conferencia de prensa conjunta, en la que además pidieron que la presidenta Cristian Kirhcner llame a sesiones extraordinarias para analizar los decretos de necesidad y urgencia que creó el Fondo del Bicentenario y de remoción de Martín Redrado de la presidencia del Banco Central, y amenazaron con autoconvocarse si no lo hace.
"Queremos a Aníbal Fernández en el banquillo de los acusados", dijo Carrió sobre el pedido de juicio político. Por su parte, Federico Pinedo consideró "increíble" que el jefe de Gabinete "le diera instrucciones a la policía para que no cumpliera las órdenes de la Justicia, alegando que eran inconstitucionales los fallos".
El pedido de juicio político es por la intervención -presuntamente ilegal- de Aníbal Fernández en dos casos judiciales que tuvieron alta trascendencia política: la pelea en el gremio de los aeronavegantes y el conflicto por los decretos presidenciales que ordenaron el uso de reservas para pagar deuda pública y removieron al titular del Banco Central, Martín Redrado; dos decretos que la jueza María José Sarmiento dispuso dejar sin efecto.
En el primer caso, Fernández ordenó que la policía incumpliera el fallo de un juez que había dispuesto un desalojo. El jefe de Gabinete dijo que había decidido desobedecer la orden por inconstitucional.
En el segundo, lo acusan de haber ordenado apostar un patrullero frente al domicilio particular de Sarmiento, algo que ella no había pedido, como un gesto de intimidación. Ese día un subcomisario tocó timbre en la casa de la jueza y le dijo que el jefe de Gabinete y la presidenta Cristina Kirchner le mandaban la apelación.
Está claro que el pedido de los diputados de la oposición no se hará efectivo porque necesitan una mayoría especial, que no tienen, pero es toda una señal política.