Patear la pelota para adelante. Esa parece ser la estrategia de la provincia, en el marco de la demanda que en 2005 presentó un ciudadano, y que en 2006 tuvo fallo favorable en primera instancia, para obligar a la provincia a garantizar la seguridad de todos los rosarinos. Es que, luego de que el fallo del juez Scavone hiciera lugar a la presentación –basada en la ley diez mil de intereses difusos– realizada por Hugo Peralta, patrocinado por la abogada Marisa Malvesttiti, el Ministerio de Gobierno apostó, según entiende la letrada, a dilatar la aplicación, para que, en todo caso, sea un tema para el próximo gobierno.

Así interpretó Malvesttiti, en diálogo con el programa De Tarde en tarde, de Radio 2, el hecho de que, luego de que le fuera rechazada la apelación, la provincia presentara un recurso de inconstitucionalidad, que podría llevar el tema hasta la Corte Suprema.

El argumento oficial es el de siempre: que el Poder Judicial se entromete en cuestiones que son potestad del Poder Ejecutivo, como diseñar la política de seguridad.

Malvesttiti cree que esto no es así, ya que el fallo de Scavone no dice cómo se debe hacer el plan de seguridad sino que, simplemente, se debe hacerlo Pero se resignó a que, con esta presentación, todo pasará para el gobierno que viene.